Fin de DOGE y de Elon Musk: un juez exigió al gobierno de Trump rendir cuentas o podría eliminarlo para siempre
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Un juez federal de Washington D.C. ordenó el miércoles a Elon Musk y al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) entregar documentos y responder a una serie de preguntas sobre su rol y autoridad en la administración de Donald Trump.
Esta orden tiene un gran impacto, ya que cuestiona la influencia del magnate como asesor presidencial en el gobierno estadounidense. Además, marca un cambio importante en las relaciones entre el sector privado y el gobierno federal.
La demanda fue presentada el mes pasado por una coalición de 14 estados demócratas, quienes argumentaron que la delegación de poderes a Musk y DOGE por parte de Trump violaba la Cláusula de Nominaciones de la Constitución de EE. UU. al concederles una autoridad casi ilimitada sin la debida supervisión del Congreso.
¿Qué reveló la orden judicial sobre DOGE e Elon Musk?
El juez Chutkan, en su resolución de 14 páginas, instruyó a Musk y DOGE a responder a preguntas sobre la eliminación de agencias federales, despidos de empleados y cancelación de contratos.
Además, se les pidió que identificaran al personal de DOGE y especificaran los parámetros de la autoridad de Musk dentro de la administración. La demanda destaca la falta de supervisión legislativa y el control absoluto que Musk parece ejercer sobre la reestructuración del gobierno federal, a pesar de no haber sido nominado ni confirmado por el Senado de EE. UU.
El tribunal también rechazó las afirmaciones de privilegio de DOGE, subrayando que las solicitudes de información realizadas por los demandantes fueron diseñadas para evitar infringir los privilegios gubernamentales.
La jueza además extendió el plazo para que los demandados respondieran, concediéndoles 21 días en lugar de los siete habituales, con el fin de no interferir innecesariamente con las operaciones de la Oficina del Presidente.
El impacto y las implicancias legales del fallo para Elon Musk y DOGE
El caso no solo pone en entredicho la legitimidad de DOGE como organización dentro del Ejecutivo, sino que también plantea serias dudas sobre el alcance de la autoridad de Musk.
A pesar de la declaración pública de Trump y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que indicaban que Musk estaba al mando de DOGE, los demandados insistieron en que él no lidera la organización.
El fallo resalta que DOGE no es una agencia gubernamental formal, sino una organización temporal creada por Trump mediante una orden ejecutiva para modernizar la tecnología federal y reducir el gasto.
Aunque no tiene el estatus de departamento gubernamental, su función y poder dentro del gobierno parecen haberse expandido significativamente, lo que ha llevado a los demandantes a cuestionar la constitucionalidad de tal delegación de autoridad.
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