Las organizaciones que se animaron a desafiar a Donald Trump y proteger migrantes se encuentran en la mira del Gobierno
El gobierno estadounidense comenzó a revisar las actividades de las organizaciones que ayudan a los migrantes
En los últimos tiempos, las organizaciones que han brindado ayuda a los migrantes en Estados Unidos se encuentran en el centro de la mira del Gobierno. Estas entidades, que han trabajado incansablemente para proteger migrantes, ahora enfrentan una revisión que pone en duda la legalidad de sus acciones.
El gobierno de Estados Unidos está intensificando su vigilancia sobre estas organizaciones que desafían las políticas migratorias impuestas por Donald Trump.
El Gobierno de Estados Unidos revisa las actividades de las organizaciones que ayudan a los migrantes
Según un artículo de AP, el gobierno estadounidense ha comenzado a realizar una exhaustiva revisión de las actividades de organizaciones que ofrecen alojamiento temporal y asistencia a los migrantes.
De acuerdo con informes, el Departamento de Seguridad Nacional expresó su preocupación de que las subvenciones federales destinadas a ayudar a los migrantes durante el mandato de Biden puedan haber sido utilizadas en actividades ilegales.
Esta iniciativa ha surgido debido a las preocupaciones significativas sobre el uso de los fondos y su posible vinculación con el tráfico de personas.
Cameron Hamilton, administrador interino de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), destacó que los beneficiarios de las subvenciones federales deberán proporcionar información detallada sobre los migrantes atendidos, incluyendo:
- Nombres y contacto de los migrantes atendidos.
- Descripción detallada de los servicios brindados.
Se les da un plazo de 30 días para enviar esta información y, como parte de la revisión, se ha indicado que los fondos serán suspendidos mientras se lleva a cabo la investigación.
Crisis migratoria en USA: preocupación por posibles violaciones de la ley contra el tráfico de personas
El gobierno de Estados Unidos ha sugerido que las organizaciones en cuestión podrían haber violado la Sección 1324 del Código Penal de Estados Unidos, una normativa vinculada al transporte ilegal de personas dentro del país.
A pesar de no amenazar explícitamente con procesamientos penales, esta revisión genera una creciente inquietud sobre las actividades que algunas entidades han llevado a cabo en su misión de proteger migrantes.
La solicitud de que los directores ejecutivos de las organizaciones firmen declaraciones juradas implica un escrutinio cada vez más riguroso. En tales declaraciones, los ejecutivos deben confirmar que no tienen conocimiento ni sospechas sobre posibles violaciones de la ley relacionadas con el tráfico de personas.
Además, las autoridades han resaltado que:
- Los responsables de las organizaciones deben asegurarse de que no están involucrados en el tráfico de personas.
- Los fondos federales podrían ser suspendidos si se detectan irregularidades.
Este escenario coloca a las organizaciones en una posición delicada, mientras enfrentan una presión gubernamental que podría transformar su misión de proteger migrantes en una situación legalmente compleja.
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