Alerta en California: la nueva política de Donald Trump que podría poner en peligro a todos los migrantes del estado
Existe una creciente presión dentro del estado para modificar sus políticas migratorias y alinearlas con las exigencias del gobierno federal.
El estatus de California como estado santuario vuelve a estar en el centro del debate. La administración de Donald Trump ha reforzado su postura contra las políticas que protegen a los inmigrantes indocumentados, aumentando la presión sobre los estados que aplican estas medidas.
El senador republicano Brian Jones ha impulsado un proyecto de ley que busca modificar las actuales normativas de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De aprobarse, esta iniciativa obligaría a las autoridades locales a colaborar con las agencias federales en ciertos casos.
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El debate sobre la política santuario en California
El proyecto SB 554, presentado por Brian Jones, propone modificar la Ley de Valores de California, vigente desde 2017, con el objetivo de permitir que la policía local y los alguaciles entreguen a inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves a las autoridades federales.
Esta medida marcaría un giro respecto a la actual legislación, que limita la cooperación estatal con el ICE. Según el senador, las leyes actuales han convertido al estado en un refugio para delincuentes peligrosos, lo que representa un riesgo para la seguridad pública.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes criticaron la medida, advirtiendo que podría generar temor en la comunidad y desalentar la denuncia de delitos por miedo a la deportación.
Pedro Ríos, director del Comité de Servicio de los Amigos Americanos, expresó su preocupación sobre los efectos negativos que la SB 554 podría tener en las familias migrantes.
California: los posibles impactos económicos y políticos a causa de la inmigración
El gobierno de Donald Trump ha señalado que su administración podría retener fondos federales destinados a programas estatales si California mantiene su política santuario. Esta amenaza pondría en riesgo recursos esenciales para sectores como educación, salud y asistencia en desastres naturales.
Arcela Núñez, directora de la organización Universidad Popular, rechazó la presión federal y destacó la importancia de mantener el apoyo a las comunidades migrantes. Según Núñez, ceder ante estas amenazas significaría comprometer los valores del estado y afectar a miles de familias.
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