Es oficial: el Gobierno quiere recortar uno de los beneficios más populares de todo el país y este es su plan
Este nuevo proyecto de ley podría modificar el alcance de esta prestación. Descubre de qué se trata.
El Gobierno quiere recortar uno de los beneficios más populares de todo el país: el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Este es esencial para muchas familias de bajos ingresos, ya que brinda apoyo para la compra de alimentos.
Sin embargo, un nuevo proyecto de ley, conocido como el "FIZZ-NO Act", podría modificar esta prestación y restringir la compra de ciertos productos. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del nuevo Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien argumenta que el Estado no debería subsidiar alimentos que considera perjudiciales.
El debate sobre esta propuesta ha generado preocupación sobre el impacto en las opciones alimenticias disponibles para millones de estadounidenses que dependen de esta asistencia.
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¿Qué es el programa SNAP?
El SNAP es un programa federal que proporciona asistencia financiera a personas y familias de bajos ingresos para la compra de alimentos. Los beneficiarios reciben fondos a través de una tarjeta EBT, que les permite acceder a supermercados y mercados autorizados.
Esta ayuda económica, que beneficia a aproximadamente 42 millones de estadounidenses, ha sido clave para combatir la inseguridad alimentaria en el país.
SNAP permite a los usuarios comprar una amplia variedad de alimentos, pero excluye productos como alcohol, tabaco y preparados para consumo inmediato.
La modificación de este programa, como se propone en el FIZZ-NO Act, podría cambiar drásticamente las opciones de compra disponibles para los beneficiarios.
¿De qué se trata el FIZZ-NO Act?
El "FIZZ-NO Act" busca prohibir el uso de los beneficios de SNAP para la compra de gaseosas, definiendo estas bebidas como aquellas que contienen más de 1 gramo de azúcar añadida, edulcorante artificial o saborizante por porción.
Según el congresista Keith Self de Texas, impulsor del proyecto, la intención de esta legislación es mejorar la salud pública y reducir los costos para los contribuyentes al eliminar productos que no aportan valor nutricional.
La propuesta ha suscitado controversia y plantea interrogantes sobre el uso de los beneficios del programa. Si se aprueba, afectaría a un amplio espectro de productos, limitando la capacidad de los titulares para elegir lo que consumen, lo que podría tener un impacto significativo en su calidad de vida.
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