Adiós ChatGPT: este es el primer país en prohibir la inteligencia artificial, ¿de qué acusan a Open IA?

 En los últimos meses, el sistema de lenguaje inteligente creado por Open IA, ChatGPT, se ha popularizado mundialmente por su capacidad para crear textos desde cero y responder a casi todas las preguntas que el usuario le realice. 

Sin embargo, su capacidad para recopilar datos e información ha generado diversos cuestionamientos y causó que un país haya decidido prohibir el uso de esta inteligencia artificial (IA) dentro de su territorio.

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El primer país en prohibir ChatGPT

La institución encargada de la regulación de los datos de Italia, el Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), ha anunciado este que prohibirá el uso de ChatGPT en el país luego de acusar a OpenAI de incumplir con la normativa de protección de datos de los usuarios.

"El pasado 20 de marzo había sufrido una violación de datos relativa a las conversaciones de los usuarios y la información de pago para los suscriptores al servicio de pago", señaló el organismo en su portal.

De qué se acusó a ChatGPT

Las autoridades italianas señalaron que existe una "falta de información a los usuarios y todas las partes interesadas cuyos datos son recopilados por Open AI".

Sin embargo, han explicado que lo más grave es que hay una total "ausencia de una base legal que justifique la recopilación y el almacenamiento masivo de datos personales, con el fin de 'entrenar' los algoritmos subyacentes al funcionamiento de la plataforma".

"Como lo demuestran las comprobaciones realizadas, la información proporcionada por ChatGPT no siempre se corresponde con los datos reales, determinando así un procesamiento inexacto de los datos personales", señaló GPDP.

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Qué sanción recibirá Open IA

Cómo último punto, las autoridades han destacado que el servicio está dirigido a personas mayores de 13 años, pero que hay una "ausencia de cualquier filtro para verificar la edad de los usuarios", algo que expone a los menores a respuestas que podrían ser inadecuadas con respecto a su grado de desarrollo y autoconciencia.

Para finalizar, la GPDP destacó que la empresa deberá comunicar en un plazo de 20 días las medidas "adoptadas en cumplimiento de lo solicitado por el Garante" o recibirá una sanción de hasta 20 millones de euros. Esta cifra sino podría ser cambiada el 4% de la facturación global anual, explicó en su portal la institución.