Nuevos jubilados millonarios en la mira del Gobierno, con guiño del FMI

En Argentina hay cerca de 3,7 millones de beneficiarios de regímenes de excepción, con haberes que, en promedio, representan un 85% superior al promedio general según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Aunque solapado por otras problemáticas, las "jubilaciones de privilegio" continúan en agenda por su impacto en el gasto del Estado, que se estima en trono el 7 % del PBI. 

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Además, en el marco del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se comprometió a analizar las cuentas de los regímenes bajo jurisdicción nacional, para evaluar reformas que permitan ajustar el gasto público y, a la vez, incrementar la recaudación.

Lejos de la excepcionalidad, los regímenes especiales abarcan a 40 % del total de beneficiarios del sistema jubilatorio, por eso se vuelven centrales en el "ordenamiento" fiscal que inició la cartera de Economía en 2022, y continuará para cumplir con las metas de este año.

En ese sentido, un informe del Cippec calcula que al menos cinco categorías de regímenes previsionales que se diferencian del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), exigen el 7% de PBI.

"La ANSeS le da la bienvenida a los nuevos jubilados millonarios", indicó en su cuenta de Twitter Luis Campos, Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA - Autónoma, y destacó que "en diciembre pagó 2.801 haberes superiores a $ 1.000.000, el 75% correspondiente a ex integrantes del Poder Judicial".

En el mismo mensaje, Campos detalló que "ya hay 135 agraciados que ya tienen jubilaciones superiores a los $ 2.000.000 mensuales".

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Los datos no sólo contrastan con la realidad de una parte importante de jubilados que acceden a la mínima -hoy bordea los $ 60.000 con los bonos incluidos- sino también con la de 800.000 personas que aguardan el tratamiento de la ley de Pago de Deuda Previsional para poder acceder al sistema.

Revisión pendiente

Aunque el momento no es el más oportuno para dar la batalla por el saneamiento del sistema previsional, donde los trabajadores del poder Judicial mantienen un peso específico, la letra chica del acuerdo firmado con Kristalina Georgieva, lo contempla en dos puntos.

Además de jueces, también pueden recibir modificaciones las prestaciones a docentes no universitarios, docentes universitarios, trabajadores del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), trabajadores de Luz y Fuerza, investigadores científicos y técnicos, y el servicio exterior de la Nación.

En relación al sistema previsional, en documentos oficiales el FMI avala la realización de un estudio enfocado para ayudar a determinar opciones para fortalecer el equidad y sostenibilidad del sistema, incluida la reducción de la fragmentación que el Ministerio del Trabajo encargó a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Un anticipo del documento que elaboró la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para la cartera de Trabajo, al que accedió Clarín en 2023, estima que el déficit del conjunto de los regímenes alcanzará a $ 162.000 millones en 2023 y llegará a los $ 688.000 millones en 2055.

Además del aporte de datos, según describe el FMI entre los hitos a alcanzar, espera que el Gobierno y la UBA describan opciones y recomendaciones para "fortalecer la equidad y sostenibilidad de largo plazo del sistema de pensiones, enfocado en la especial regímenes de pensiones (establecidos por la Ley 27.546)".

Rafael Rofman, economista y ex investigador principal de Cippec, explica que una revisión profunda del sistema previsional argentino debería incluir cambios para limitar el rol de los regímenes de excepción al mínimo posible.

"Una aproximación razonable implicaría que la ciudadanía en su totalidad participe del régimen general en igualdad de condiciones y que, en los casos que se justifique, se definan mecanismos de financiamiento transparentes para las condiciones diferenciales de participación", opina.