Investidura catalana

El PP cuestiona "el precio" de Illa en la Generalitat, mientras los fiscales debaten si la amnistía aplica a Puigdemont

La cúpula fiscal se reúne este martes para fijar una postura sobre si el expresident catalán Carles Puigdemont en el marco de la próxima investidura catalana.

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La cúpula fiscal se reúne este martes para fijar una postura sobre si el expresident catalán Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas implicados en el procés deben ser amnistiados de todos sus delitos, así como si se deben pedir también al Supremo que levante las órdenes de detención nacionales.

Bajo este contexto, la vicesecretaria de Organización Territorial del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha considerado este domingo que la desigualdad no puede ser el precio con el que Salvador Illa "pague al independentismo su silla en la Presidencia de la Generalitat".

El PP dice que la desigualdad no puede ser el precio de la silla de Illa en la Generalitat

Fúnez, que ha visitado la feria agroalimentaria "Saborea La Solana" en Ciudad Real, ha afirmado que la desigualdad en la financiación autonómica es el segundo pago que ha hecho el presidente Pedro Sánchez, "por los siete votos que necesitó para llegar a la Moncloa a pesar de perder las elecciones", en referencia a los diputados de Junts, después del primero que fuera la ley de amnistía.

A ese primer pago por "el sillón de la Moncloa", que rompe la igualdad de los españoles ante la ley, opina, se une ahora "permitir que Illa llegue a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña", que según Fúnez: "Es sin ninguna duda el precio de la financiación desigual para todos los españoles".

En este sentido, ha lamentado: "Si primero pagamos toda la desigualdad de los españoles ante la ley, ahora lo que pretende Sánchez es que la fiesta del independentismo la paguemos todos los españoles, con una financiación que privilegia a unos, perjudicando a la mayoría".

"Hoy tenemos que plantearnos si con el dinero de todos los españoles, sí con sus impuestos, estamos dispuestos a pagar la fiesta del independentismo", ha planteado Fúnez, que ha sentenciado: "La respuesta es no, la desigualdad no puede ser el precio para que un perdedor como Sánchez esté en el Palacio de la Moncloa y para que Illa pague al independentismo su silla en la Presidencia de la Generalitat".

La desigualdad no puede ser el precio con el que Salvador Illa "pague al independentismo". Fuente: Archivo

Pacto europeo por el agua

Por otra parte, la vicesecretaria de Organización Territorial del PP ha avanzado que este lunes el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, va a hablar en Bruselas sobre la situación del Estado de derecho en España, tras la aprobación de la ley de amnistía, ante los representantes del Partido Popular Europeo (PPE).

También ha avanzado que una de las cuestiones que va a plantear Feijóo ante sus socios del PPE es la necesidad de que haya un pacto nacional del agua en España y un pacto europeo por el agua para toda la Unión Europea.

Asimismo, la vicesecretaria de Organización Territorial del PP ha asegurado que el partido va a mantener los compromisos que tiene adquiridos en materia de agricultura, que ya eran firmes antes de las elecciones europeas y tras los comicios lo son aún más: "Sabiendo que contamos con el apoyo y la confianza de la mayoría de los españoles", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que el PP va a defender una Política Agraria Común (PAC) "que venga a dar respuesta a las necesidades reales, especialmente por la subida de precios que sufren nuestros agricultores", con cláusulas que permitan competir en igualdad de condiciones a los productos agrícolas y ganaderos con los que vienen de terceros países.

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La cúpula fiscal se reúne para decidir si se aplica la amnistía a Puigdemont

Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena invocaron el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para convocar una Junta de Fiscales de Sala, la cúpula de la carrera fiscal, que se celebrará este martes.

El motivo es que no están de acuerdo con la orden dada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que les ha instado a pedir al alto tribunal que aplique la amnistía a todos los delitos de los líderes independentistas catalanes, cuando los cuatro fiscales aseguran que no se puede perdonar la malversación por ser "improcedente y contraria a las leyes".

Sobre la mesa, dos posturas enfrentadas. Los cuatro fiscales del procés abogan por dejar fuera de la amnistía la malversación, dado que -sostienen- la ley excluye los actos que "implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial" y además afectó a los intereses financieros de la Unión Europea y este es uno de los puntos que la norma excluye del perdón, por lo que entienden tampoco se pueden alzar las órdenes de detención nacional vigentes.

Una tesis de la que discrepa frontalmente el fiscal general, que niega que esos intereses económicos comunitarios se viesen afectados en el desvío de fondos públicos para el procés, y que rechaza asimismo que hubiese "ánimo de enriquecimiento" personal en ese empleo de dinero público para el referéndum del 1-O.

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¿A quienes alcanza la amnistía?

El fiscal avala levantar las órdenes nacionales de detención porque "desde el momento en que se advierta que opera una causa de extinción de la responsabilidad criminal sobre un sujeto es imperativo" su alzamiento en base al "imperio de la ley".

La malversación afecta a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y también a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados por ello -el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia y sobre los que pesan, además, las órdenes de detención nacional.

Como ya anunciaron cuando le presentaron al fiscal general su informe contrario a amnistiar a Puigdemont y al resto de líderes independentistas, los cuatro fiscales quieren que las discrepancias existentes sean escuchadas por la cúpula de la carrera.

Tras la Junta, en la que la última palabra la sigue teniendo García Ortiz, se mantiene el criterio del fiscal general, creen que éste debería asumir la causa o designar a otro fiscal para que lo haga, como dicta el artículo 25 del Estatuto, es decir, ellos se apartaron. Después, es el Tribunal Supremo quien debe decidir cómo afecta la ley de amnistía a los respectivos procedimientos.

Fuente: EFE

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