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La nueva medida del Gobierno para limitar el uso de las redes sociales: cómo funciona esta ley

El Gobierno español ha dado luz verde a una nueva normativa que busca salvaguardar a los menores en el ámbito digital. Conoce los detalles y las implicaciones de esta ley.

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad y protección de los menores en el cada vez más complejo mundo digital, el Gobierno español ha defendido la ley de protección de menores en entornos digitales. Coordinada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, esta nueva legislación marca un hito en la regulación de la actividad en línea de los jóvenes.

La necesidad de una ley de protección a menores se fundamenta en la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Esta lucha contra la violencia infantil es esencial para promover y salvaguardar los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se destaca la importancia de respetar su dignidad humana e integridad física y psicológica, previniendo cualquier forma de violencia.

La Unión Europea respalda esta medida a través de su compromiso con la protección de los derechos del niño, como se establece en el artículo 3 del Tratado de Lisboa. 

Gobierno español ha defendido la ley de protección de menores en entornos digitales. Fuente: Pixabay.

En línea con esta postura, España tiene la responsabilidad de impulsar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas necesarias para garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse libres de cualquier forma de violencia, abuso físico o mental, negligencia, maltrato o explotación.

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¿De qué se trata el proyecto de ley para la protección de menores en el mundo digital?

Uno de los aspectos más destacados de esta ley es la inclusión de una herramienta de control parental en los dispositivos electrónicos, impuesta a los fabricantes de smartphones, tabletas, ordenadores y televisores desde su sistema operativo. Esta medida busca garantizar que los padres y tutores legales tengan el control en la gestión de la actividad digital de sus hijos, garantizando un entorno más seguro y controlado desde el primer momento de uso.

El anteproyecto de ley, además de requerir herramientas de control parental, eleva la edad mínima para registrarse en redes sociales de 14 a 16 años, limitando así el acceso de los menores a plataformas que podrían exponerlos a riesgos innecesarios.

Para garantizar la efectividad de los sistemas de verificación de edad y el acceso a contenidos adecuados para cada grupo de edad, la ley exige una supervisión por parte de las autoridades audiovisuales. Esta medida se alinea con las especificaciones técnicas de la cartera de identidad digital europea, asegurando la protección de menores a nivel continental.

Otro aspecto crucial de esta normativa es la prohibición al acceso a entornos digitales que utilicen prácticas como lootboxes o cajas botín, comúnmente presentes en los videojuegos, que podrían incentivar comportamientos perjudiciales entre los jóvenes.

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