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Tras el escándalo de los seguros, el Gobierno investiga ahora las obras sociales: primeros hallazgos

La Superintendencia de Servicios de Salud realiza una auditoría sobre 291 entidades y sigue el aporte de diferentes transferencias discrecionales. El ranking con las principales transferencias por prestaciones de alto costo. Cuáles son los sindicatos beneficiados

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El presidente Javier Milei encomendó a sus funcionarios la auditoría de los mecanismos por el cual el Estado administra y transfiere fondos a las obras sociales sindicales para subsidiar tratamientos de alto costo y prestaciones por discapacidad. Si bien se trata de una cuestión muy específica, los fondos manejados durante los cuatros años de la gestión de Alberto Fernández ascendieron a los u$s 5472 millones, los cuales fueron repartidos en 291 obras sociales sindicales.

"Se está avanzando a un sistema similar al de los colectivos para que el subsidio vaya directamente al afiliado y no tenga que ser administrado discrecionalmente por la obra social", explica una fuente gubernamental al tanto de los planes libertarios. 

Esta auditoría todavía no contiene los datos actualizados de la totalidad de los entes sindicales y mucho menos el estudio interno de cada uno de sus afiliados, pero la SSS comenzó el relevo de las transferencias realizadas durante la anterior presidencia.


Los sindicatos que lideran los fondos mirados por Milei

Según datos oficiales procesados por El Cronista, el listado con obras sociales sindicales con mayor cantidad de fondos recibidos lo lideran Comercio, presidido por Armando Cavalieri; la UOCRA, de Gerardo Martínez; y los estatales de UPCN, comandado por Andrés Rodríguez; con $ 110.232 millones, $ 35.907 millones y $ 34.878 millones, respectivamente.

Los gremios consignados se destacan por su gran cantidad de afiliados, lo cual incide en el mayor volumen de transferencias

La obra social del sindicato de Comercio, OSECAC, tiene cerca de 1,6 millones de afiliados y recibieron de cuentas estatales $ 69.472 por cabeza; el de la construcción posee un aproximado de 590.000 y $ 60.790 per cápita; mientas que el de UPCN cuenta con 600.000 beneficiarios y un monto de $ 55.847 de la SSS.

Esto se replica también en OSPRERA, el sindicato del Personal Rural y Estibadores (UATRE), que recibió $ 29.291 millones en el total de la gestión de Alberto Fernández, tiene 757.953 afiliados, aunque se ubica en el cuarto lugar por tener recibir menores fondos por cantidad de beneficiario, $ 38.645.

El ranking lo completan OSPE (Petroleros), con $ 20.315 millones de aportes; OSPOCE (Control Externo), con $ 17.910 millones; la UOM (Metalúrgicos), con $ 17.295 millones; OSPSA (Sanidad), con $ 15.662 millones; y OSUTHGRA (Gastronómicos), $ 14.382 millones.

Al medir a los sindicatos por la mayor cantidad de fondos recibidos por cabeza, el liderato lo tiene la Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad de Buenos Aires, el gremio que maneja José Ibarra. En los cuatro años recibió $906 millones. Con 2.901 afiliados, cada uno recibió $312.472 en promedio durante la gestión de Fernández 

Los sindicatos que recibieron la mayor cantidad de fondos per cápita son de menor tamaño y la gran mayoría no llegan a los 5000 afiliados.

Qué son estos fondos

Los millonarios montos mencionados anteriormente son los asignados para subsidiar la cobertura de los tratamientos de alto costo y baja incidencia. Estos recursos salen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que lo maneja la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), actualmente a cargo de Gabriel Gonzalo Oriolo.

El cálculo a dólar oficial promedio de los fondos transferidos durante los cuatro años de la gestión albertista ($ 805.307 millones) es de u$s 5472 millones. Este FSR redistribuye capital, la cual se lleva a cabo mediante la transferencia de distintos tipos de subsidios:

  • Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO)
  • Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA)
  • Subsidio de Mitigación de Asimetrías para Regímenes de Trabajo Especial (SUMARTE)
  • Subsidio para Mayores de sesenta y cinco años (SUMA65)

Los cuatro mecanismos son productos de diferentes decretos firmados durante los gobiernos kirchneristas. Estos mantienen una reglamentación explícita que indica cuál es el criterio a utilizar para el envío de tales montos para cada una de las obras sociales.

Un ejemplo es el SUMA, que está destinado a fortalecer a las Obras Sociales y agentes aseguradores y, a la vez, compensar a aquellas con menos de 5000 afiliados y de menor nivel de ingreso per cápita. Es así que hay 183 OOSS que concentran el 64% de la distribución de esos recursos enviados, promediando $ 264 por afiliado. Por el contrario, el 36% del monto de la SUMA corresponde a 107 obras sociales con mayor cantidad de afiliados, pero con un subsidio por cabeza menor ($ 56,2).


La "caja negra" en la mira de los libertarios

Aun así, el presupuesto que se maneja en torno a la FSR es de carácter millonario y es poco conocido para el público que no está en la materia. A pesar de que todavía no hay ningún estudio que certifique una irregularidad, el Gobierno la presenta como una de las "cajas negras" a las cuales Milei apunta para desregular y reducir el poder de los "intermediarios".

Cabe aclarar que el Estado Nacional no aporta al Fondo Solidario de Redistribución. Los recursos salen de un porcentaje -entre el 15 y 20 por ciento- del aporte que los trabajadores hacen a las obras sociales (el 3% del sueldo) y el que efectúan sus empleadores (6% del salario).

Milei puso en la mira las transferencias a las obras sociales. (Reuters/Agustín Marcarián)

El último informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), así como otro reciente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), señalan que la supervisión de la SSS sobre las transferencias del FSR a las obras sociales sindicatos tuvo "debilidades", "deficiencias" y falta de "debido respaldo documental".

"El control en muchos casos no fue real, sino para fines meramente estadísticos", expresan, alegando que no son los subsidios el problema sino el control de los beneficiarios, ya que podría haber un registro con afiliados de dudosa procedencia y beneficiarios fantasmas.

Aunque la discusión reviste de una complejidad técnica significativa, desde la administración libertaria también están auditando unos aportes financiados en campaña por el Tesoro de manera excepcional y discrecional, que fueron de $ 35.000 millones

El primer titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) fue Eugenio Zanarini, quien permaneció en el cargo hasta su fallecimiento en mayo de 2021, a causa de una insuficiencia cardíaca. Su reemplazante fue Daniel López, un hombre cercano al exministro de Salud Ginés González García.

La versión del sindicalismo

Fuentes gremiales aseguraron a El Cronista que "las auditorías que la Superintendencia hizo sobre las obras sociales sindicatos son trimestrales y se vienen haciendo desde hace años", por lo que "los controles existen y no hubo negativas para dar la información que precisaron desde la SSS".

Desde el sindicalismo ejemplifican que tampoco se pudo avanzar mucho más con las obras sociales incluso durante la época de la ultrakirchnerista Liliana Korenfeld como superintendenta, la cual se caracterizó por una relación tensa con los popes gremiales, al querer intentar poner un freno y pisar las transferencias a través del FSR.

En tanto, alegan que, con estas nuevas auditorías, el Gobierno "busca meter mano" y "desfinanciar a las obras sociales". "Lo que no entienden es que todas las obras sociales mantienen déficits operativos que deben ser cubiertos por el propio sindicato. No es que son una caja, como quieren decir", justifican desde la CGT.

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