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El fin del Infonavit | La reforma que podría poner en riesgo el ahorro de los trabajadores

Esta modificación permitirá que el Gobierno de México utilice recursos del organismo público para la construcción de viviendas sociales a través de una empresa filial.

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Con 71 votos a favor, el Senado de la República aprobó las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Cuando la modificación entre en vigor, permitirá que el Gobierno de México utilice los recursos del organismo público para la construcción de viviendas sociales a través de una empresa filial. 

Esta empresa, debido a su estructura legal, no será clasificada como un organismo paraestatal, lo que le permitirá operar con plena autonomía bajo las normativas del derecho privado.

En este contexto, se ofrecerán en arrendamiento los inmuebles construidos o recuperados, proporcionando más oportunidades a los trabajadores en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se regulará el arrendamiento social con opción a compra, estableciendo que el monto del alquiler no podrá superar el 30% del salario del trabajador.

No obstante, según algunas opiniones, esta medida podría poner en riesgo los ahorros de toda una vida de trabajo, permitiendo que el Gobierno Federal administre más de 2 billones de pesos provenientes de las subcuentas de los trabajadore, sin la mediación directa con los ciudadanos.

Cambios en la Ley del Infonavit: arrendamiento social y argumentos en contra. Fuente: Shutterstock.

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Estas son las modificaciones que habrá en la Ley del Infonavit

La reforma en discusión establece cambios clave en la gestión y funcionamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). 

La modificación permitirá que el Gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, utilice sus recursos para la construcción de vivienda social a través de una empresa filial. 

Esta, por su estructura legal, no será clasificada como un organismo paraestatal, lo que le otorgará plena capacidad de gestión bajo las normativas del derecho privado.

Una de las principales medidas es la posibilidad de ofrecer inmuebles en arrendamiento, tanto los construidos como los recuperados, brindando mayores oportunidades a los trabajadores en situación de vulnerabilidad. 

Además, se introduce la figura del arrendamiento social con opción a compra, garantizando que el monto del alquiler no exceda el 30% del salario del trabajador.

La reforma también establece un mayor control y supervisión de las operaciones crediticias. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será responsable de vigilar estas operaciones, implementando programas de autocorrección en caso de incumplimiento de las normativas vigentes. 

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación se encargará de fiscalizar las actividades del organismo público, supervisando su gestión como organismo fiscal autónomo y garantizando la correcta administración de los recursos destinados a la construcción de viviendas.

Entre otros aspectos, la reforma permitirá que los trabajadores puedan participar en programas de arrendamiento social y compra de viviendas después de un año de cotización continua. 

Además, se autoriza el uso de la subcuenta de vivienda como garantía para el arrendamiento social y se brinda acceso a información detallada sobre los créditos antes de su contratación. 

En caso de pérdida de ingresos salariales, también se podrán obtener prórrogas en el pago de capital e intereses ordinarios.

La oposición advierte que pone en riesgo el ahorro de los trabajadores 

Según la oposición, la reforma pone en peligro los ahorros de los trabajadores, ya que permite que el Gobierno Federal gestione los fondos de las subcuentas de los trabajadores.

De acuerdo con el artículo 42 de la reforma al Infonavit, el Gobierno Federal tendría la capacidad de disponer de los ahorros de los trabajadores sin necesidad de consultar a la ciudadanía.

De todas formas, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos señaló que esta reforma representa un cambio radical. Aunque se mantiene la estructura tripartita, con igual representación del gobierno, el sector empresarial y los sindicatos, será crucial monitorear cómo se manejan los recursos de los trabajadores.

Rolando Silva Briceño, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, explicó que, a primera vista, las modificaciones no parecen suponer un riesgo para la gestión de los recursos de los trabajadores, pero destacó que se debe estar atento para evitar posibles problemas.

Por su parte, Edgar Enríquez Álvarez, presidente de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del IMCP, destacó uno de los aspectos más relevantes de la reforma: el acceso a la vivienda en renta.

Además, señaló que las modificaciones aseguran que los recursos de los trabajadores seguirán disponibles.

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