Fintech cuestionan la alta carga tributaria que frena la digitalización y el crédito
La Cámara Argentina Fintech criticó la decisión de provincias y áreas técnicas de la Administración Nacional de incrementar impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos o los Débitos y Créditos (IDC).
La Cámara Argentina Fintech cuestionó este jueves la alta carga tributaria, que "frena la digitalización de la economía y el desarrollo del crédito". "La decisión de ciertas Provincias y áreas técnicas de la Administración Nacional de incrementar impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos o los Débitos y Créditos (IDC) sobre flujos de fondos de terceros, representa un cepo para el desarrollo", aseveró en un comunicado.
"El único freno a la digitalización de la economía es el peso fiscal que se aplica sobre las personas y comercios que optan por pagar o cobrar con medios electrónicos", afirmó la Cámara.
Según el comunicado, el impacto de los altos impuestos encarecen los servicios financieros y de pago para comerciantes y consumidores; incrementan el costo del crédito; y erosionan la competitividad de las jurisdicciones, desalentando inversiones y dificultando la generación de empleo en sectores estratégicos.
Así, el sector fintech manifestó su preocupación por la sostenibilidad de empresas tecnológicas que han realizado importantes inversiones en innovación y desarrollo. Además, denunció que los tributos aplicados sobre saldos o facturación -sin considerar los márgenes operativos- no solo son regresivos, sino que desincentivan la digitalización de la economía.
"Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo y voraz, dado que se tributa sobre los montos facturados y no sobre la utilidad. Esto significa que una empresa, aunque perdiera dinero, de pagarlo. En los últimos meses, algunas Provincias optaron por subir alícuotas para sumar más presión impositiva, que en algunos casos llegan al confiscatorio 16,5%", aseveraron.
"En lo que respecta al IDC, actualmente el Decreto 796/2021 limita las exenciones al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios para operaciones relacionadas con activos virtuales, lo que genera una desigualdad de condiciones entre éstos y el resto de los actores del sistema financiero, y una presión por encima de la capacidad contributiva de muchas de las compañías", agregaron.
Un empresario del sector reveló a El Cronista que la operación de su compañía está en riesgo por la eliminación de esta exención. "Del Gobierno nos dicen que están preparando un decreto para que el sector esté exento. Estamos esperando", aseguró.
Además, subrayaron que los Proveedores de Activos Virtuales (PSAV) tuvieron que asumir mayores costos operativos y administrativos al ser incorporados como sujetos regulados la Unidad de Información Financiera (UIF) y registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
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