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Los cuatro escenarios que surgen tras el pedido de detención a Netanyahu por parte de la CPI

La cuestión de cómo responderá Estados Unidos a esta situación se convierte ahora en un asunto crítico.

La decisión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) de solicitar órdenes de detención contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant es un enorme revés para Israel.

El hecho de que la CPI solicite también órdenes de detención contra los dirigentes de Hamás, además del primer ministro y el ministro de Defensa israelíes, no amortiguará el golpe. Al contrario, la indignación en Jerusalén se avivará aún más por la implicación de que Israel está al mismo nivel moral que una organización terrorista.

Las ramificaciones de la decisión de la CPI son enormes. Se plantean cuatro cuestiones inmediatas. En primer lugar, ¿Cuál será el impacto interno en Israel? En segundo lugar, ¿Qué repercusiones tendrá en la guerra de Gaza y en todo Medio Oriente? En tercer lugar, ¿Se ha extralimitado la CPI y ha puesto en juego su propio futuro? Y en cuarto lugar, y relacionado con lo anterior, ¿Cómo responderá Estados Unidos a las acusaciones propuestas?

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Incluso la oposición israelí ha respondido con indignación a las acciones de la CPI. Yair Lapid, un centrista que se ha mantenido al margen de la coalición de gobierno de Netanyahu, acusó al tribunal de "completo fracaso moral". Este instinto de unirse en torno a la bandera no es sorprendente: muy pocos políticos mainstream en Israel han cuestionado la conducta del ejército del país en Gaza.

Sin embargo, el movimiento de la CPI se ha producido en un momento en el que Netanyahu se encuentra bajo una creciente presión para que renuncie. Benny Gantz, uno de los principales miembros del gabinete de guerra israelí, declaró durante el fin de semana que abandonaría el gobierno el mes que viene, a menos que Netanyahu planteara una nueva estrategia para la guerra de Gaza y sus secuelas.

Gantz, que no ha sido acusado, se ha sumado a la condena israelí generalizada de la CPI. Pero muchos israelíes estarán consternados por el hecho de que su país se esté convirtiendo en un Estado paria. Deshacerse de Netanyahu y nombrar a un nuevo primer ministro puede convertirse en una opción más atractiva con el tiempo, a medida que Israel intenta reconstruir su estatus internacional.

Una acusación de la CPI también tendría graves consecuencias prácticas sobre la capacidad de Netanyahu para desempeñar su cargo. Los viajes internacionales serían sin duda más difíciles, ya que correría el riesgo de ser detenido en los 124 países que son parte en el Estatuto de Roma por el que se creó la CPI. (Entre ellos no figuran EE.UU., Rusia ni China).

Los optimistas esperan que, a largo plazo, la actuación de la CPI convenza a Israel de que su estrategia en Gaza está " poniendo a Israel contra la pared", como ha dicho Gantz. Eso podría persuadir al próximo grupo de dirigentes a tomarse más en serio la idea de una solución de dos Estados con Palestina. Los israelíes saben ahora que el camino de vuelta a la aceptación internacional debe pasar por un nuevo proceso de paz, y por la marginación de Netanyahu. Muchos en Israel, incluidos los partidarios de Netanyahu y sus socios de coalición de extrema derecha, seguirán argumentando que cualquier medida de este tipo pondría en peligro la supervivencia de Israel. Pero los términos del debate actual dentro de Israel, al menos, se ampliarán ahora.

La cuestión de cómo afronta EE.UU. la situación es crítica. La primera respuesta del presidente Joe Biden fue condenar la decisión de la CPI por "escandalosa" y rechazar la implicación de equivalencia entre Israel y Hamás. Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, acusó a la CPI de actuar precipitadamente y de no dar a las autoridades israelíes la oportunidad de cooperar. También sugirió que la CPI no tiene jurisdicción sobre Israel. La feroz respuesta de EE.UU. presionará a los jueces de la CPI para que no accedan a la petición de acusación del fiscal.

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Pero incluso la respuesta de Biden puede ser una condena relativamente leve y limitada en comparación con los ataques contra la CPI que cabría esperarse de la derecha estadounidense y de Donald Trump. John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump y abogado de formación, ha exigido que EE.UU. imponga sanciones a la CPI y a sus jueces. Es probable que esa exigencia sea asumida en el Congreso y por la campaña de Trump.

El presidente Biden puede ser reacio a seguir la vía de las sanciones. EE.UU. no es parte en la CPI. Pero afirma ser partidario del "orden internacional basado en normas" y ha recibido con satisfacción la acusación de la CPI contra el presidente ruso, Vladimir Putin. Biden también sabe que muchos miembros del partido demócrata se oponen firmemente a las acciones de Israel en Gaza, e incluso han acusado al país de genocidio. En consecuencia, el presidente estadounidense tiene todos los incentivos para equivocarse, mientras espera que el Congreso no le presente un proyecto de ley exigiendo sanciones contra la CPI, que podría tener que vetar.

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La posibilidad de que EE.UU. imponga sanciones a la CPI subraya el hecho de que las acusaciones propuestas contra Netanyahu y Gallant representan un paso trascendental para la Corte, que podría poner en juego su propio futuro. Karim Khan, fiscal jefe de la Corte, puede haber pensado que no tenía otra opción. Para que la Corte conserve su legitimidad mundial, es necesario que se vea que actúa contra los crímenes de guerra, quienquiera que los cometa y dondequiera que se cometan.

Sin embargo, la CPI opera inevitablemente en un contexto político. Ha acusado a Putin, con pocas perspectivas de llevarlo a juicio. Si Netanyahu también es capaz de hacer caso omiso de una acusación, el tribunal corre el riesgo de parecer cada vez más impotente e irrelevante.

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