Murió la Ley de Alquileres: ningún propietario tendrá que pagar este impuesto si se cumple la exigencia de FACUA
La organización rechaza la exención propuesta por el Gobierno y cuestiona el impacto de las medidas sobre vivienda pública y alquiler social.
Facua-Consumidores en Acción ha manifestado este martes su rechazo a la exención del IRPF anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La medida beneficia a los propietarios que ajusten sus precios al índice de referencia, incluso sin una obligación legal para hacerlo.
En una rueda de prensa, la asociación advirtió que toda persona que obtenga ingresos por el alquiler de un inmueble debe tributar por ello, ya sea como rendimiento del capital inmobiliario o de actividad económica.
Rubén Sánchez, secretario general de Facua, afirmó que este tipo de exenciones "favorecen el rentismo" y consolidan la visión de la vivienda como un activo de inversión.
No obstante, la organización consideró positiva la iniciativa del Gobierno de garantizar que las viviendas públicas impulsadas por la Administración General del Estado no puedan ser descalificadas. Esto busca evitar que quienes accedan a estas viviendas terminen especulando con ellas.
Asimismo, valoró la decisión de transferir todas las viviendas gestionadas por la Sareb a la nueva empresa pública de vivienda, destinándolas a alquileres sociales. Sin embargo, calificó de "insuficiente" el número de inmuebles involucrados y subrayó la necesidad de acompañar esta medida con la expropiación del uso de viviendas vacías en manos de grandes tenedores. Facua propone que estas propiedades sean destinadas a alquileres regulados por la Administración.
En octubre, la asociación ya había presentado al presidente una serie de propuestas relacionadas con la vivienda. Entre ellas destacaba la expropiación de inmuebles de grandes propietarios que permanezcan vacíos durante más de un año, con el objetivo de destinarlos al alquiler social.
Además, Facua reclama la creación de un sistema de indemnizaciones para proteger a los inquilinos frente a prácticas abusivas por parte de los arrendadores. Propone prohibir aumentos de precios superiores al IPC al cambiar de inquilino o al firmar nuevos contratos.
Finalmente, la asociación exige reconocer al inquilino como consumidor, lo que permitiría que los abusos de los propietarios se consideren infracciones en materia de consumo. Esto abriría la posibilidad de imponer sanciones por parte de las autoridades autonómicas, además de implementar mecanismos extrajudiciales para resolver conflictos.
Artículo realizado con información de EFE