El Gobierno obligará a cuentas de redes sociales con más de 100.000 seguidores a rectificar la información falsa
Una medida que busca combatir la desinformación en el entorno digital.
El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que amplía el derecho de rectificación a los usuarios de especial relevancia en redes sociales. Esta iniciativa pretende que las cuentas con más de 100.000 seguidores en una plataforma o 200.000 en total estén obligadas a corregir las informaciones falsas o inexactas que difundan, equiparándolas así a los medios de comunicación tradicionales.
Ampliación del derecho de rectificación al ámbito digital
La normativa vigente, establecida en 1984, se centraba en los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, con la proliferación de las redes sociales y el auge de los influencers, el Gobierno ha considerado necesario actualizarla para adaptarse al ecosistema digital actual.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que esta reforma busca mejorar la calidad del debate público y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la rectificación también en el ámbito digital.
La nueva ley establece que los usuarios relevantes deberán disponer de mecanismos accesibles para que cualquier persona pueda solicitar la corrección de informaciones falsas que le perjudiquen. Además, se amplía el plazo para solicitar la rectificación de siete a diez días, y se suprime la necesidad de enviar una carta al director, agilizando así el proceso.
Implicaciones para los influencers y creadores de contenido
Esta medida afecta directamente a los influencers y creadores de contenido con una amplia audiencia en plataformas como X/Twitter, Facebook, Instagram o Telegram. Aquellos que superen los umbrales establecidos deberán cumplir con las mismas obligaciones que los medios de comunicación en cuanto a la rectificación de informaciones inexactas. El objetivo es responsabilizar a estos usuarios de la información que comparten, dado su impacto en la opinión pública.
La normativa también obliga a las plataformas digitales a implementar herramientas que faciliten el ejercicio del derecho de rectificación por parte de los usuarios. Esto implica que redes sociales y servicios de mensajería deberán adaptar sus sistemas para permitir que las solicitudes de corrección sean gestionadas de manera eficiente y transparente.
Reacciones y perspectivas futuras
La iniciativa ha generado diversas reacciones entre los profesionales de la comunicación y los propios influencers. El periodista Manuel Jabois ha comentado que esta medida obligará a quienes difunden información falsa a reconocer sus errores, lo que podría reducir la propagación de bulos y desinformación en las redes.
Por otro lado, algunos expertos advierten sobre la necesidad de equilibrar esta regulación con la libertad de expresión, evitando que se convierta en una herramienta de censura. Será fundamental establecer criterios claros y procedimientos justos para la gestión de las solicitudes de rectificación, garantizando que se protejan los derechos de todos los usuarios.
Con información de la Agencia EFE.