Ayuso quiere evitar que lleguen menores migrantes a Madrid y recurre al Constitucional

El debate sobre la acogida de menores migrantes no acompañados vuelve a tensar el tablero político en España. Las comunidades autónomas, responsables de garantizar la protección de estos niños y adolescentes, se enfrentan a un desafío creciente por la llegada masiva a regiones como Canarias o Ceuta, que han advertido sobre el colapso de sus sistemas de atención. La solución propuesta por el Gobierno central ha abierto un nuevo frente entre administraciones.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la modificación de la ley de extranjería aprobada por el Consejo de Ministros el 18 de marzo. El decreto, que cuenta con el apoyo de Junts y se aprobó para asegurar el traslado de 4400 menores desde territorios fronterizos a otras comunidades, ha sido calificado por la presidenta madrileña como un "reparto discrecional" que invade competencias autonómicas y carece de justificación legal.

A Madrid le correspondería recibir entre 700 y 800 menores, pero la administración regional argumenta que sus centros están "sobresaturados por encima del 150% de su capacidad".

Los argumentos de la Comunidad de Madrid

Desde el Ejecutivo madrileño aseguran que el decreto vulnera la Constitución Española, tanto por forma como por fondo. En primer lugar, sostienen que la norma debió tramitarse como ley orgánica y no como real decreto-ley, al afectar derechos fundamentales y carecer de una justificación de urgencia creíble, dado que el propio texto admite que la problemática es estructural y viene de hace al menos ocho años.

Además, la Comunidad de Madrid defiende que el decreto invade sus competencias exclusivas en materia de protección de menores, ya que estas están estatutariamente atribuidas a las comunidades.

Según el informe de la Abogacía General autonómica, la norma vulnera también el principio de autonomía financiera, pues no garantiza la financiación necesaria para asumir la atención integral de los menores reubicados. A esto se suma la denuncia de que la medida ha sido tomada "sin consenso" y que responde a un interés político del Gobierno central por conseguir votos parlamentarios, en alusión al apoyo de Junts.

Canarias sale al cruce y defiende la constitucionalidad

Frente a la posición de Madrid, el Gobierno de Canarias ha anunciado que se personará ante el Constitucional para defender la legalidad del decreto. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha insistido en que los servicios jurídicos de su comunidad avalan plenamente la constitucionalidad de la norma, y ha recordado que su origen se encuentra en propuestas técnicas elaboradas desde las propias administraciones afectadas por la saturación del sistema.

Clavijo subrayó que Canarias ya recurrió anteriormente a los tribunales en defensa de su capacidad de acogida, y que el Tribunal Supremo le dio la razón en el caso de los menores que solicitaron asilo.

"No tenemos ningún miedo al recurso de Madrid porque estamos firmemente convencidos de la legalidad y del trabajo que se está haciendo para proteger a los menores", afirmó el mandatario regional en declaraciones recogidas por la prensa.

Un fallo reciente del Supremo refuerza el debate

La disputa legal llega justo después de una sentencia clave del Tribunal Supremo, que ha ordenado al Gobierno central asumir la responsabilidad sobre un millar de menores solicitantes de asilo que permanecen bajo tutela de Canarias.

El alto tribunal ha concedido una medida cautelar a la comunidad autónoma, obligando al Ejecutivo a garantizar en diez días el acceso de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, gestionado por la Secretaría de Estado de Migraciones.

En su resolución, el Supremo critica la situación de "hacinamiento" en que se encuentran estos menores y subraya que su bienestar es incompatible con la actual sobrecarga de los servicios canarios. 

Además, recuerda que los menores solicitantes de protección internacional tienen derecho a recibir prestaciones sociales y acogida en condiciones de dignidad, lo que sitúa al Estado como garante último del proceso de atención.

Mientras avanza el recurso ante el Constitucional, el debate sobre la solidaridad interterritorial, la protección de la infancia migrante y el papel del Gobierno central frente a las competencias autonómicas continuará marcando la agenda política. La decisión que tome el alto tribunal podría sentar un precedente clave en la gestión migratoria en España.