Adiós a los desalojos de viviendas: ahora es más fácil que se instalen en tu casa, por una decisión del Senado

España estaba cerca de poner fin a uno de los problemas más graves que enfrentan los propietarios de viviendas: la ocupación ilegal de propiedades. En noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó una nueva ley que permitía el desalojo de los okupas en un plazo máximo de 15 días, con un procedimiento judicial mucho más ágil. Sin embargo, la normativa ha encontrado un obstáculo inesperado: el veto del Senado.

Los 'okupas' seguirán sin ser desalojados de manera rápida

El veto presentado por el Partido Popular ha sido validado en la Cámara Alta. Según los populares, la ley no solo contiene un cambio importante sobre la ocupación ilegal, sino que también incorpora "enmiendas intrusas" que no tienen relación directa con el objetivo original de la ley. Aunque la medida sobre la "okupación" era la más esperada, el PP ha rechazado la reforma en su conjunto, argumentando que su técnica legislativa es defectuosa. Esta decisión implica que el proyecto regresará al Congreso, donde se debatirá nuevamente, lo que podría retrasar la aplicación de la ley y dejar en espera a aquellos propietarios que esperaban una solución más rápida.

El Partido Popular rechaza el proyecto de ley

El PP, con mayoría absoluta en el Senado, no ha objetado la parte de la ley que establece un proceso judicial rápido contra los okupas, sino que su rechazo se basa en otras enmiendas que se han añadido al proyecto. En concreto, el PP critica que estas enmiendas están relacionadas con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según esta propuesta, los juicios por delitos de ocupación ilegal serían procesados de manera mucho más rápida, con los jueces dictando sentencia en un plazo máximo de tres días.

Si bien la norma original planteaba que los procedimientos judiciales por okupación podrían durar entre cuatro y nueve meses, la reforma proponía que estos casos se resolviesen en tan solo 15 días. Tras la sentencia, no habría posibilidad de recurrir, ni se permitiría estudiar casos de vulnerabilidad. Esto se percibió como una medida que aliviaba a los propietarios de viviendas que sufrían de la ocupación ilegal.

Una práctica que afectó a más de 15.000 casos en 2023.

¿Qué cambios planteaba la nueva ley?

El Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia, que ahora regresa al Congreso para su reconsideración, no solo aborda la ocupación ilegal, sino que también incluye otras reformas significativas, como la eliminación definitiva de la Golden Visa y varias modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, que incluyen cambios en la Ley de Paridad y en la normativa sobre los plazos para el derecho al paro de los trabajadores. 

Sin embargo, este rechazo puede retrasar la aplicación de la ley hasta mediados de 2025, debido a los trámites adicionales que debe pasar antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Una de las medidas que se espera que vuelva a ser debatida es la distinción entre allanamiento de morada y usurpación. El allanamiento se refiere a la ocupación de una primera o segunda vivienda, un delito grave que puede ser abordado de inmediato por la policía si se detecta en las primeras 48 horas. En cambio, la usurpación se refiere a la ocupación de propiedades que no son de primera necesidad, y en este caso, la intervención policial no es inmediata, siendo necesario recurrir a un juicio.