Vodafone España anuncia un ERE para 1198 trabajadores, el 36,7% de su plantilla

 El fondo británico Zegona, a poco de tomar posesión de Vodafone España, anunció hoy miércoles un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 1198 empleados, número que representa el 36,7% de la plantilla, que está compuesta por 3268 trabajadores. Se trata del quinto ERE de la compañía en los últimos 11 años.

De acuerdo a los nuevos dueños de la operadora, que asumieron el pasado 31 de mayo, esta medida obedece a la necesidad de "garantizar la viabilidad y la competitividad del negocio a futuro". La empresa asegura que esta acción se aborda con una actitud responsable y dialogante, desde la operadora, y con la voluntad de alcanzar el mejor acuerdo posible para todas las partes".

A la vez que justifica la decisión a "razones económicas, productivas y organizativas" relacionadas con "el fuerte deterioro financiero y comercial", la operadora considera urgente la puesta en marcha de "un cambio organizativo y operativo, con el objetivo de redimensionar la organización para adaptarse a la nueva realidad de mercado y recuperar la competitividad".

Por otra parte, la teleco deja claro que "este procedimiento de despido colectivo no afectará ni a la calidad del servicio ni al soporte que se presta a los clientes".

José Miguel García, recién estrenado consejero delegado de Vodafone España, le dijo a la plantilla que su "intención es abordar el procedimiento con la voluntad de alcanzar el mejor acuerdo posible para todas las partes. Y me involucraré personalmente para garantizar que así lo sea".

Sacar a Vodafone de los números rojos

Cuando el Gobierno autorizó la compra de la filial española de la operadora británica por la sociedad liderada por Eamonn O´Hare - operación que ascendió a 5000 millones de euros -, una de las primeras decisiones que tomó fue poner en marcha una reestructuración de Vodafone para sacarla de la crisis en la que estaba inmersa.

 Esta reestructuración implicó una completa reorganización con una serie de cambios de enorme calado en la cúpula del operador rojo. Así fue como llegó a la compañía José Miguel García como CEO de la nueva Vodafone España.

El fichaje de García se puede leer como una gran apuesta de la empresa para no sólo recuperar posiciones en el negocio español de las telecomunicaciones, sino para plantarle cara a la competencia, en especial a Digi. 

No hay que olvidar que García no sólo sacó a Jazztel de la complicada situación en la que se encontraba cuando tomó las riendas de la teleco en 2006, sino que bajo su liderazgo la operadora se convirtió en una de las compañías que más creció dentro del sector de las telecomunicaciones.

La estrategia de los directivos españoles de Eamonn O´Hare, el hombre fuerte de Zegona, va más allá de la expansión del sistema 5G, de las redes y ampliación de servicios. También basan el plan comercial en expandir el negocio de bajo coste, línea de acción que implementó García en Jazztel y Euskaltel.

 Para ello, la teleco fichó como máximo responsable comercial a Ángel Álvarez, quien ocupó el mismo cargo en Digi. En concreto, Álvarez será el encargado de cubrir el puesto de director de la Unidad de Consumo de la operadora.

Por su parte, ya en mayo cuando el Gobierno aprobó la compra de Vodafone España por Zegona, los representes gremiales, tanto de CCOO como de UGT no descartaron despidos en esa nueva etapa. Porque no se les escapó que los compromisos adquiridos por Zegona ante el Gobierno no se mencionaron los relativos al mantenimiento del empleo.

"Al proceso de despido colectivo ya iniciado en Avatel, estamos seguros de que se sumarán otros en breve plazo, sobre todo si se confirman los rumores acerca de Zegona, en los que claramente se plantea un desmantelamiento progresivo de la compañía, con las repercusiones que tendría sobre una plantilla ya muy mermada", destacó, por esos días, el secretario federal del sector de Comunicaciones y Cultura de UGT, José Alfredo Mesa, en una carta dirigida a la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz.

En otra carta, en este caso dirigida a Escrivá como a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, CCOO les hizo saber su "enorme preocupación" por la posibilidad de que se produjesen despidos en Vodafone España.

"Nuestra preocupación se basa en un documento público del grupo Zegona donde califica a los sindicatos como un riesgo para sus actuaciones en España y donde también habla de ahorros de costes de empleo. Así como en otras muchas posibles iniciativas en materia de despliegue de red o de eliminación de esta", concluyó CCOO.

El tiempo les dio razón

A dos días de cumplirse un mes de la luz verde del Gobierno a la compra de Vodafone España por Zegona, los malos augurios fueron confirmados con el anuncio del ERE.

Ante la decisión conocida hoy, el sindicato UGT hizo llegar a la prensa un comunicado en el que asegura que vez más confluyen en una empresa del sector de las telecomunicaciones la voracidad de una dirección incapaz de idear soluciones reales a los problemas reales que aquejaron a Vodafone España y la inacción de una administración que no solicitó ninguna garantía para el empleo en la aprobación de la venta de Vodafone España a Zegona.

"Vodafone se estudiará en las facultades de economía como un ejemplo de cómo la mala gestión puede dilapidar el valor de una compañía que llego a ser líder mundial entre las operadoras de telecomunicaciones. La falta de visión estratégica, la incapacidad de leer la evolución del mercado, el desprecio a la innovación y el I+D, el servilismo ante la voracidad de los accionistas, llevaron al grupo a una situación de desguace como la que vivimos", afirmó UGT. 

Para enseguida añadir que "las sucesivas direcciones del grupo nombraron a gestores para Vodafone España que fueron de fracaso en fracaso y de ERE en ERE". "Ahora Zegona decide repetir un modelo fracasado. Reducir y castigar a la plantilla en aras de una supuesta futura mejora de la posición de la compañía en el mercado", sentenció.

"UGT, como marca la ley, negociará de buena fe con el fin de minimizar el impacto sobre el empleo y maximizar las condiciones para las personas afectadas. La mesa se constituirá en un máximo de 15 días", concluyó el sindicato.