Reforma del alquiler

Murió la Ley de Alquileres: los inquilinos no deben pagar estos servicios a las inmobiliarias al momento de firmar el contrato de alquiler

La nueva normativa establece que los gastos de gestión inmobiliaria deben ser asumidos por el arrendador. Las autoridades advierten de sanciones a quienes incumplan la ley.

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La entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de 2023 ha supuesto un cambio significativo en el mercado del alquiler en España. Una de sus medidas es la prohibición de que las inmobiliarias cobren a los inquilinos por la intermediación y formalización del contrato de alquiler. Esta normativa busca facilitar el acceso a la vivienda y reducir los costes que tradicionalmente recaían sobre los arrendatarios.

Sin embargo, a pesar de la claridad de la ley, algunas agencias han intentado sortear esta prohibición mediante prácticas encubiertas. En respuesta, las autoridades han intensificado la vigilancia sobre el sector, advirtiendo de sanciones económicas a quienes intenten trasladar estos costes de manera ilegal.

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Los inquilinos ya no deben pagar honorarios a las inmobiliarias

Con la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, los inquilinos han dejado de ser responsables del pago de los honorarios de las agencias inmobiliarias. Antes de esta normativa, los arrendatarios debían asumir costes adicionales al momento de firmar un contrato de alquiler, lo que encarecía aún más el acceso a la vivienda. Ahora, es el arrendador quien debe cubrir estos gastos, facilitando así el proceso para quienes buscan alquilar una vivienda.

Algunas agencias siguen intentando trasladar estos costes de manera encubierta. (Foto: archivo)


A pesar de la claridad de la ley, algunas agencias han tratado de sortear esta prohibición camuflando los honorarios bajo otras denominaciones. No obstante, las autoridades han reforzado la vigilancia sobre estas prácticas y han advertido de sanciones económicas para aquellas inmobiliarias que incumplan la normativa.

Qué servicios puede una inmobiliaria cobrar a un inquilino

A pesar de las restricciones impuestas por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), algunas agencias inmobiliarias sostienen que hay servicios adicionales que sí pueden repercutirse al inquilino, siempre que sean de contratación voluntaria. 

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Según la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), los honorarios prohibidos son aquellos relacionados con la intermediación y formalización del contrato, pero existen otros servicios que pueden ser facturados, tales como:

  1. Administración del alquiler: servicios posteriores a la firma del contrato, como la gestión de incidencias, comunicación entre propietario e inquilino y asistencia en trámites administrativos.

  2. Contratación de seguros: seguros de impago o de contenido que los inquilinos pueden contratar a través de la inmobiliaria.

  3. Cambio de titularidad de suministros: tramitación del cambio de titularidad de servicios básicos como electricidad, agua o gas.

  4. Servicios adicionales voluntarios: cualquier otra gestión específica contratada de manera opcional y con el consentimiento del arrendatario.

Las autoridades advierten de sanciones económicas para quienes incumplan la normativa. (Foto: archivo)

Qué hacer si una inmobiliaria cobra comisiones ilegales

Si una agencia intenta cobrar comisiones que la ley prohíbe, los inquilinos pueden tomar las siguientes medidas para proteger sus derechos:

  • Evitar agencias con prácticas abusivas: organizaciones de consumidores como Facua han identificado varias inmobiliarias que siguen cobrando honorarios indebidos.

  • Recopilar pruebas: guardar anuncios, grabaciones de llamadas, facturas y cualquier documento que evidencie el cobro indebido.

  • Realizar pagos por transferencia: si el inquilino decide pagar para no perder la vivienda, es recomendable que quede constancia del pago con un concepto claro.

  • Reclamar la devolución: una vez firmado el contrato, se puede presentar una reclamación extrajudicial y, si es necesario, acudir a la vía judicial.

  • Evitar pagos en efectivo sin justificante: esto dificulta la posibilidad de reclamar posteriormente.

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