Murió la Ley de alquileres: ahora los inquilinos no serán expulsados de sus casas, aunque dejen de pagar
El Gobierno ha aprobado un decreto ley que extiende por un año el escudo social, manteniendo la suspensión de desahucios para grupos vulnerables.
El Consejo de Ministros ha comunicado que la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler para familias en situación de vulnerabilidad sin alternativas habitacionales se extenderá hasta finales de este año.
Desde su implementación, esta medida ha proporcionado apoyo a aproximadamente 60.000 familias, según informes de Podemos. Originalmente prorrogada debido a la crisis provocada por la invasión de Ucrania, su continuidad responde a la actual emergencia habitacional que enfrenta el país.
La suspensión fue establecida en marzo de 2020 por el gobierno de coalición del PSOE y Podemos, con el propósito de salvaguardar a las familias más afectadas por la crisis económica generada por la pandemia.
La reciente moratoria fue acordada la semana pasada entre el Gobierno y Podemos, a cambio de que este último apoyara en el Congreso la ley de eficiencia judicial.
(Fuente: Shutterstock)
Los propietarios no podrán desalojar a inquilinos que dejen de pagar, por orden del Gobierno
El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga, tal como se detalla en la referencia de la reunión, con el objetivo de abordar la realidad social y económica de los hogares en el marco del proceso de mitigación de la dinámica inflacionista y de las prolongadas consecuencias derivadas de la situación internacional.
Sin embargo, aún no se ha confirmado la prórroga de la garantía de suministro de agua y energía para los consumidores en situación de vulnerabilidad, ni se ha determinado si se modificará el calendario de reducción progresiva del bono social eléctrico.
Cómo funciona la protección para inquilinos ante desalojos por impago (Fuente: Shutterstock)
De mantenerse las condiciones actuales, se prevé que para julio de 2025 este bono se sitúe en un 35% para los consumidores vulnerables y en un 50% para aquellos considerados vulnerables severos.
Según la referencia, esta situación se debe, en gran medida, a un contexto caracterizado por la prolongación de la guerra en Ucrania y sus efectos en la economía familiar, especialmente por el aumento de los precios al consumo, que impacta de manera significativa en los hogares con menores recursos económicos.
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