Malas noticias: Hacienda obliga a declarar los pagos con tarjeta si superan este importe

A partir de 2025, la Agencia Tributaria implementará una normativa que afectará a los usuarios de tarjetas de crédito y débito en España. Las entidades financieras estarán obligadas a informar a Hacienda sobre aquellos clientes cuyos pagos con tarjeta superen los 25.000 euros anuales. Esta medida forma parte de un esfuerzo por modernizar y reforzar el control fiscal en un entorno cada vez más digitalizado.

El objetivo principal de esta iniciativa es combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, problemas que han ganado relevancia con la creciente digitalización de los pagos y la globalización económica. Al supervisar las grandes transacciones electrónicas, Hacienda busca garantizar una mayor transparencia y equidad en el sistema tributario.

Detalles de la nueva normativa sobre los pagos con tarjeta

Según el proyecto de real decreto, las entidades emisoras de tarjetas, como bancos, grandes almacenes y otras instituciones financieras, deberán presentar una declaración anual desglosando todas las operaciones que, en conjunto, superen los 25.000 euros por tarjeta. 

Esta obligación se aplicará a todo tipo de tarjetas: crédito, débito, prepago, digitales y para compras en línea, independientemente de la moneda utilizada.

El informe anual deberá incluir información detallada, como la identificación del titular de la tarjeta (ya sea una persona física o una empresa), el número total de cargos realizados durante el año y el importe global de estas operaciones, tanto de compras como de retiradas de efectivo. La primera declaración bajo esta nueva normativa se realizará en 2026, correspondiente a los movimientos efectuados durante el año 2025.

Implicaciones para los usuarios y empresas del cambio en la normativa

Para los usuarios particulares, esta medida no requerirá ninguna acción adicional, ya que serán las entidades financieras las encargadas de recopilar y enviar la información a Hacienda. Sin embargo, es importante que los usuarios sean conscientes de que sus transacciones electrónicas estarán sujetas a un mayor escrutinio si superan el umbral establecido.

En el caso de empresas y autónomos, además de la declaración anual, el decreto contempla que las entidades financieras deban reportar mensualmente a la Agencia Tributaria todos los cobros realizados mediante tarjetas o aplicaciones de pago móvil, como Bizum o PayPal, independientemente del monto. Esto implica una mayor vigilancia sobre las operaciones comerciales y podría conllevar una carga administrativa adicional para estos colectivos.

Proceso de aprobación y entrada en vigor de la nueva normativa

Tras haberse sometido a un proceso de consulta pública, el proyecto del real decreto será enviado al Consejo de Estado para obtener el informe preceptivo. Una vez superado este trámite, se espera que sea aprobado por el Consejo de Ministros, permitiendo su entrada en vigor. La primera declaración anual se presentará en 2026, correspondiente a las operaciones realizadas durante 2025.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del gobierno español de garantizar que todas las personas y entidades cumplan con sus obligaciones fiscales, asegurando que se paguen los impuestos correspondientes y combatiendo el fraude fiscal. Además, busca adaptarse a la disminución del uso de efectivo y al auge de los pagos digitales, promoviendo una mayor transparencia en las transacciones económicas.

Es fundamental que tanto los usuarios particulares como las empresas estén informados sobre esta nueva normativa y sus implicaciones, para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y evitar posibles sanciones derivadas del incumplimiento de estas disposiciones.