Los propietarios de una vivienda en alquiler pueden perder su pensión por este error común de los inquilinos

En España, la problemática relacionada con la vivienda es cada vez más compleja, con factores como el aumento de los alquileres, la ocupación de viviendas y los impagos de suministros convirtiéndose en situaciones cada vez más frecuentes. 

Alquilar una vivienda puede convertirse en un gran problema si los inquilinos no cumplen con sus responsabilidades. Este caso muestra cómo una propietaria perdió parte de su pensión debido al impago de su inquilina, que dejó de abonar tanto el alquiler como los servicios básicos.

Aunque pueda parecer una medida extrema, el sistema legal español permite la retención de ingresos, como los procedentes de una pensión, para saldar deudas. 

¿Por qué te pueden quitar la pensión? 

El caso de Pilar es un claro ejemplo de cómo una deuda derivada de una factura puede derivar en el embargo de una pensión. Según informa el medio El Debate, Pilar es una mujer de La Coruña que lleva casi cinco años intentando recuperar su vivienda, después de que una inquilina se quedara en su piso sin pagar.

En este contexto, Pilar decidió dejar de hacerse cargo de las facturas de agua en el intento de solucionar el conflicto, lo que derivó en el embargo de parte de su pensión.

Según se detalla, Pilar fue informada de que su pensión había sido embargada como consecuencia de un proceso judicial por la deuda con el suministro de agua. A pesar de manifestar que nunca había tenido deudas en su vida, la decisión legal se tradujo en una retención de sus ingresos. 

En España, los propietarios son responsables de las facturas de suministros si están a su nombre, incluso cuando el inquilino deja de pagarlas. Esto significa que conflictos como este pueden derivar en embargos sobre los ingresos del propietario, incluida su pensión, para cubrir esas deudas.

¿Qué es el embargo de pensión y en qué casos se aplica?

El embargo de pensión es una medida legal mediante la cual el sistema judicial interviene para retener parte de los ingresos de una persona con el objetivo de satisfacer una deuda impaga. 

Este mecanismo es legal siempre que se cumplan ciertos requisitos y se sigan los procedimientos establecidos. Sin embargo, el caso de Pilar refleja una situación donde el embargo afecta no solo por una deuda puntual, sino también por circunstancias derivadas de una ocupación de vivienda y sus implicaciones legales.

El proceso de embargo puede aplicarse, por ejemplo:

• En casos de impagos en suministros básicos como electricidad, agua o gas.

• En situaciones donde existen procedimientos judiciales abiertos por deudas no saldadas.

• Por causas relacionadas con contratos incumplidos, especialmente cuando afectan a propiedades arrendadas.

En el caso, el intento de negociar con la inquilina y el impago de facturas en su vivienda derivaron en el inicio de este procedimiento. Aunque el Real Decreto 11/2020 es una normativa vigente, muchos propietarios aseguran sentirse indefensos cuando la legislación no facilita soluciones rápidas frente a situaciones complejas de ocupación o impago.

Las asociaciones de afectados, como APROVIJ (Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica), han advertido sobre la necesidad de encontrar alternativas legales para evitar estos embargos que afectan principalmente a personas vulnerables.