Barcelona

Ley de alquileres: la millonaria cifra que los propietarios le exigen al Gobierno por las pérdidas a raíz de la regulación turística

Propietarios y asociaciones advierten que la medida podría destruir empleos, impactar en la economía local y poner en riesgo más de 100.000 apartamentos en toda Cataluña.

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El sector de los pisos turísticos de Barcelona ha presentado una reclamación ante la Generalitat por más de 4280 millones de euros, cifra que podría llegar a los 7000 millones si se incluye el impacto en toda Cataluña. La demanda se basa en las consecuencias económicas del decreto que regula la ley de alquileres turísticos, una medida que ha generado un fuerte rechazo entre los propietarios y las asociaciones del sector.

Ley de alquileres: la millonaria cifra que los propietarios le exigen al Gobierno por las pérdidas a raíz de la regulación turística. Fuente: Archivo

La amenaza del decreto y su impacto económico

El decreto ley 3/2023, aprobado por la Generalitat, establece una regulación más estricta para los pisos turísticos, lo que incluye la no renovación de licencias en Barcelona, donde se encuentran aproximadamente 10.000 viviendas turísticas. 

Jaume Collboni, alcalde de la ciudad, ya había anticipado que bajo esta normativa, la ciudad no renovará las licencias, lo que ha encendido las alarmas entre los propietarios.

Enrique Alcántara, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), ha manifestado que esta reclamación afecta a más de 7200 pisos turísticos en Barcelona y otras localidades cercanas como Sitges y el Maresme. 

Según Alcántara, el decreto pone en peligro los 100.000 apartamentos turísticos en toda Cataluña, al delegar la decisión de emitir nuevas licencias a los ayuntamientos, sin garantizar que los propietarios actuales puedan acceder a ellas.

Reclaman "expropiación" y posibles indemnizaciones

La reclamación presentada ante la Consellería de Territorio se basa en la argumentación de que el decreto supone una "expropiación" de derechos adquiridos por los propietarios, lo que, según la legislación española, debe conllevar una indemnización. 

Alcántara destaca que, además de la pérdida de ingresos, los propietarios también han realizado inversiones en sus propiedades y deberán indemnizar a los empleados que pierdan sus trabajos debido a la desaparición de estos pisos turísticos.

El impacto económico de la medida es considerable. Según Apartur, los pisos turísticos legales aportan 160 millones de euros en impuestos directos y generan un impacto económico total de unos 1200 millones de euros, beneficiando especialmente a los sectores de comercio y restauración. Además, la desaparición de estos establecimientos podría eliminar el 40 % de las plazas turísticas de Barcelona y destruir hasta 5000 puestos de trabajo.

El futuro del sector y propuestas para evitar su desaparición

Desde la asociación se ha advertido que la medida no solo afecta a los propietarios de los pisos turísticos, sino que también perjudica a la economía local. Alcántara ha defendido que el turismo no es el principal culpable de la crisis de la vivienda en Barcelona y ha propuesto una solución: que toda la recaudación de la tasa turística municipal, que asciende a unos 100 millones de euros anuales, se destine íntegramente a políticas de vivienda.

La controversia ha llegado incluso hasta el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad sobre el decreto, y la Comisión Europea ha abierto un expediente por vulneración de la normativa comunitaria. En respuesta, Apartur ha solicitado a la Generalitat que revise el decreto para evitar la destrucción de un "sector regulado y pionero" que ha sido modelo para otros países.

La situación sigue siendo incierta, con un futuro que dependerá de la respuesta de la Generalitat en los próximos seis meses. Si no se recibe una solución satisfactoria, los propietarios podrían recurrir a la vía contenciosa administrativa para hacer valer sus derechos.

Ley de alquileres: la millonaria cifra que los propietarios le exigen al Gobierno por las pérdidas a raíz de la regulación turística. Fuente: Archivo
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