Excelente noticia para los propietarios: jueces de Barcelona determinan que podrán cortar los servicios si su vivienda está "okupada"
Los propietarios ya no deberán pagar los suministros de viviendas ocupadas.
Los jueces de la Audiencia Provincial de Barcelona han determinado que los propietarios e inquilinos de viviendas ocupadas podrán cortar los suministros básicos (agua, luz y gas) sin que esto implique un delito de coacciones. Esta decisión busca unificar criterios en casos de ocupación ilegal, ofreciendo mayor respaldo a quienes sufren la usurpación de su propiedad.
Con esta medida, los magistrados eximen a los propietarios de la obligación de pagar los suministros de una vivienda ocupada, facilitando acciones legales y evitando cargas económicas innecesarias.
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Unificación de criterios en casos de ocupación ilegal
La resolución, establecida el 7 de marzo, fortalece la protección de los propietarios y crea un marco legal más claro para afrontar la ocupación. Si la propiedad no mantiene el alta o el pago de estos servicios, no se considerará un acto ilegal.
Este mismo criterio ya había sido adoptado en noviembre por la Audiencia Provincial de Gerona y ahora sirve como referencia para otras Audiencias Provinciales en España. La medida facilita la recuperación de inmuebles y reduce el tiempo que permanecen ocupados ilegalmente.
Impacto en la recuperación de inmuebles
La falta de servicios básicos puede acelerar el abandono de la vivienda por parte de los okupas. Actualmente, el tiempo medio para recuperar una propiedad ocupada es de 8 meses y medio, pero la nueva medida podría reducir este período.
Comunidades con mayor demora: Castilla y León y Murcia, con una media de 12 meses.
Comunidades con recuperación más rápida: Aragón y Navarra, donde los desalojos pueden resolverse en 4 meses.
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Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reportó que en 2024 las demandas por ocupación ilegal crecieron un 2%, alcanzando las 2.309. Cataluña y Andalucía concentran el 40% de los casos, seguidas por la Comunidad Valenciana y Madrid.
Con esta decisión, los propietarios cuentan con una herramienta más efectiva para enfrentar la ocupación ilegal, asegurando una recuperación más rápida y evitando costos adicionales en suministros.
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