El Senado tumba este impuesto clave y preocupa a la oposición: "va en contra de la constitución

El Senado ha aprobado una proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) para modificar la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con el fin de eximir a los ayuntamientos de la obligatoriedad de aplicar una tasa de basuras a partir del 10 de abril de 2025.

 La iniciativa salió adelante con 145 votos a favor y 109 en contra, principalmente del PSOE y otras formaciones de izquierda y nacionalistas, lo que refleja la división política sobre la medida.

La norma vigente, aprobada en 2022, establece que las entidades locales deben fijar una tasa específica para los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos, o en su defecto, una prestación patrimonial no tributaria que cubra el costo total del servicio. 

Sin embargo, el PP argumenta que esta obligación impone una nueva carga fiscal a los ciudadanos y vulnera la autonomía municipal, al imponer la tasa sin permitir que cada ayuntamiento decida su aplicación según sus necesidades y recursos. 

El senador del PP Vidal Galicia defendió que la ley excede su alcance territorial y criticó que "se suma a la ya elevada presión fiscal que sufren los ciudadanos".

Desde el PSOE, en cambio, han defendido la necesidad de la tasa para garantizar un modelo de gestión de residuos más sostenible y alineado con la economía circular promovida por la Unión Europea.

Alfonso Carlos Moscoso, senador socialista, explicó que la medida busca evitar que quienes generan menos residuos terminen pagando lo mismo que los grandes productores, lo que se traduciría en un sistema más equitativo. "No podemos permitirnos dar un paso atrás en la sostenibilidad ni ceder ante intereses económicos que comprometan el futuro del planeta", argumentó.

El debate también ha estado marcado por las posturas de otras formaciones políticas. Desde Vox, la senadora Paloma Gómez criticó la tasa de basuras al considerarla "una muestra más de la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez", argumentando que generará caos en los ayuntamientos y que supone una carga excesiva para las familias. 

Por su parte, partidos como ERC, Junts, BNG y el Grupo Vasco han mostrado su apoyo a la medida, aunque con matices, destacando que es un instrumento necesario para mejorar la gestión de residuos y garantizar que quienes no reciclan correctamente paguen más.

El contexto europeo también ha sido un punto de discusión. La directiva comunitaria aprobada en 2018 estableció un marco para la gestión de residuos en los Estados miembros, pero, según el PP, no impone directamente la obligatoriedad de una tasa como la establecida en la normativa española. 

En este sentido, el senador Juan Manuel Ávila (PP) insistió en que el Gobierno ha ido más allá de lo exigido por Europa y que la ley debería flexibilizarse para no imponer un mayor esfuerzo económico a los ciudadanos. La propuesta ya se había debatido a finales del año pasado en el Congreso de los Diputados pero no salió adelante: "Esperemos que no se quede secuestrada" ahora en esta Cámara tras el nuevo debate, lo que preocupa a la oposición.

A pesar de la aprobación en el Senado, y como bien se destaco antes, la propuesta deberá volver a debatirse en el Congreso de los Diputados. La discusión sobre la tasa de basuras sigue abierta, con un fuerte enfrentamiento entre quienes defienden su obligatoriedad como una medida justa y sostenible, y quienes la consideran una imposición que vulnera la autonomía local y castiga a los contribuyentes.