El Gobierno dará de baja todas las pensiones por discapacidad que no cumplan con este requisito

Con el objetivo de garantizar que únicamente las personas que cumplen con los requisitos establecidos, se está realizando una revisión rigurosa de las pensiones no contributivas por discapacidad. Esta medida busca asegurar la sostenibilidad del sistema y evitar fraudes o cobros indebidos.

La decisión se enmarca en una serie de reformas destinadas a optimizar los recursos públicos y a garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan. Se estima que miles de beneficiarios podrían verse afectados si no cumplen con los criterios actualizados.

Requisitos esenciales para mantener la pensión

Para conservar la pensión no contributiva por discapacidad en 2025, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Grado de discapacidad: igual o superior al 65%.

• Edad: entre 18 y 65 años.

• Residencia: haber residido legalmente en España durante al menos 5 años, de los cuales 2 deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

• Ingresos: no superar los 7.905,80 euros anuales en ingresos personales.

Además, es obligatorio presentar una declaración anual de ingresos y comunicar cualquier cambio en la situación personal o económica que pueda afectar al derecho a la pensión. El incumplimiento de estos requisitos puede conllevar la suspensión o extinción de la prestación.

Complementos y cuantías actualizadas

En 2025, la cuantía anual de la pensión no contributiva por discapacidad se ha fijado en 7905,80 euros, distribuidos en 14 pagas de 564,70 euros mensuales. Para aquellos beneficiarios con un grado de discapacidad igual o superior al 75% que requieran la asistencia de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria, se contempla un complemento adicional del 50%, elevando la cuantía anual a 11.858,70 euros.

Es importante destacar que estas pensiones son incompatibles con otras prestaciones similares y que cualquier ingreso adicional debe ser declarado para evitar sanciones o la pérdida del derecho a la pensión.

Implicaciones de la revisión gubernamental

La revisión anunciada por el Gobierno tiene como objetivo detectar y corregir posibles irregularidades en la concesión de las pensiones por discapacidad. Se espera que esta medida contribuya a una distribución más justa y eficiente de los recursos públicos, garantizando que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan.

Sin embargo, esta iniciativa también ha generado preocupación entre algunos beneficiarios, que temen perder su prestación debido a cambios en los criterios de evaluación o a errores administrativos. Las autoridades han instado a los ciudadanos a revisar su situación y a asegurarse de que cumplen con todos los requisitos establecidos para evitar inconvenientes.