Tensión en el mercado de alquileres: los inquilinos exigen rebajas, mientras que los propietarios piden más garantías legales
La crisis de la vivienda no parece dar tregua y se intensifican las disputas entre propietarios e inquilinos. Estas son las propuestas de cada sector.
El problema de acceso a la vivienda es uno de los grandes desafíos de España. La crisis habitacional es una de las problemáticas más acuciantes para el Gobierno y ha sido la protagonista de las promesas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para este año.
El 2024 estuvo eclipsado por la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). En la primera mitad del año, las subas de los tipos de interés para contener la inflación enfriaron el mercado de compraventas. Posteriormente, el segundo semestre se caracterizó por sucesivas rebajas que han reactivado las operaciones ante las mejores condiciones hipotecarias. Una tendencia que los analistas esperan que se repita en 2025.
No obstante, tal como señala un informe del Observatorio del Alquiler, el año pasado salieron a alquiler 717.338 viviendas, lo que supone una caída del 12% respecto a 2023. Desde el final de la pandemia, la oferta de vivienda disponible para alquilar no ha dejado de caer y en cinco años se ha reducido un 27%, apunta el informe. Esto ha generado un desequilibrio que ha resultado en una subida de los precios del alquiler y una retracción de la oferta de viviendas.
Para entender la problemática desde el punto de vista de los protagonistas, El Cronista España ha dialogado con Ana González Alonso, abogada especialista en Derecho Inmobiliario y vicesecretaria de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y con Sandra Mora, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
Puntos en común entre inquilinos y propietarios
Las representantes de ambos sectores coincidieron en un aspecto: la disconformidad con la actual Ley por el Derecho a la Vivienda. La misma fue aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022 y se trata de una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye otros proyectos de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.
La ley incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda. Asimismo, busca promover que tanto las comunidades autónomas como los municipios puedan contener o reducir el precio del alquiler y a aumentar el parque de vivienda.
Sin embargo, a tres años de su aprobación, la situación habitacional no parece haber mejorado. Según los datos del Observatorio del Alquiler, el mercado de alquiler perdió en 2024 un total de 96.512 unidades, lo que supone una caída del 12% con respecto al año anterior.
El desequilibrio entre la oferta y la demanda provocó además que "de media 124 personas contactaran con cada vivienda que salió al mercado en un plazo de 10 días, casi el triple que en 2023", detalló la Agencia Estatal de noticias EFE.
Asimismo, se constató que el año pasado nueve provincias tenían un precio del alquiler superior a 1000 euros al mes. De acuerdo al Observatorio y a la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, Barcelona es la provincia donde más creció la presión y donde más se redujo la oferta. Seguido de la capital catalana, las ciudades más caras para alquilar son Baleares (1598 euros), Madrid (1495 euros), Guipúzcoa (1430 euros), Vizcaya (1232 euros), Málaga (1191 euros), Las Palmas (1070 euros), Valencia (1044 euros) o Santa Cruz de Tenerife (1031 euros).
En este sentido, una de las propuestas del Partido Popular para hacer frente a la crisis de la vivienda en España es la derogación de la ley vivienda en sus aspectos más problemáticos como "la intervención de precios del mercado del alquiler, las zonas de mercado tensionado y el índice de precios de los alquileres", según se lee en la Declaración de Asturias del 12 de enero de 2025, firmada por Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos del PP.
Diferencias entre los partidos, los propietarios y los inquilinos
Mientras que el plan del Ejecutivo nacional se orienta a la construcción y el blindaje de un gran parque de vivienda social, sumado a la ampliación de las ayudas y también las penalizaciones fiscales, el del Partido Popular (PP) busca potenciar la construcción de vivienda protegida en propiedad y la rebaja de la fiscalidad, tanto de la oferta como de la demanda.
Entre los elementos en común se destaca la disposición por ambas partes de movilizar suelo público en grandes cantidades y de agilizar los trámites y la burocracia para acelerar los procesos de construcción.
Por su parte, los propietarios sostienen que la crisis de la vivienda se concentra en ciertas zonas como Madrid, Cataluña y Andalucía, mientras que el resto del país tiende a una realidad más parecida a la "España vaciada".
Además, remarcan que las medidas de control de precios del gobierno han provocado una disminución de la oferta de alquiler. En este sentido, abogan por un acuerdo a nivel estatal para abordar la problemática, incluido el aumento de la construcción de viviendas protegidas e incentivos fiscales para los pequeños propietarios.
Al mismo tiempo, González Alonso ha expresado su preocupación por la falta de seguridad jurídica para los propietarios, en particular en cuanto a la problemática de la ocupación ilegal y a los largos procesos judiciales que se desencadenan en estas situaciones.
En contraposición, los inquilinos persiguen una reducción del 50% de los precios del alquiler, contratos de arrendamiento indefinidos y la regulación de los alquileres turísticos y de temporada para hacer frente a la crisis.
Asimismo, la portavoz del sindicato, Sandra Mora, se ha mostrado crítica sobre las políticas de vivienda del gobierno español y ha argumentado que han favorecido a los grandes fondos de inversión y a los propietarios frente a los inquilinos.
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