Telefónica se juega su hispanidad en una controvertida junta de accionistas

El Gobierno está desarrollando una estrategia para evitar, o al menos minimizar, la influencia de socios no deseados en compañías que considera estratégicas, como Talgo y Telefónica.

El primer dolor de cabeza lo tuvo cuando la pasada semana el grupo húngaro Magyar Vagon oficializó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la OPA sobre el 100% del fabricante de ferrocarriles, movimiento que necesita de la autorización del Consejo de Ministros, cónclave que dio sobradas muestras de no tener ningún apuro en dar ese paso mientras no se descarten otras opciones, como la contraopa que podría protagonizar el grupo suizo Stadler, aunque esta alternativa suene cada vez más lejana.

Pero la inminencia de la Junta de Accionistas de Telefónica, que se llevará a cabo el próximo viernes 12 de abril, puso momentáneamente entre paréntesis la cuestión "húngara". 

Ahora lo urgente es Telefónica. Porque será la primera Junta de Accionistas a la que asistirá el grupo Saudi Telecom Company (STC) y el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). O, dicho de otro modo: españoles y árabes finalmente se verán las caras en la sede de la compañía. Como telón de fondo, dos probables sillones en el consejo de administración.

El Ejecutivo fue el primero en mover ficha. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó el jueves de la semana pasada que el Gobierno pedirá un asiento en el consejo de administración de la operadora en el marco del mandato realizado por el Ejecutivo a la SEPI el pasado diciembre de adquirir hasta un 10% de Telefónica. 

En la misma línea, José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, defendió el ingreso del Estado en la operadora bajo el argumento de que existe elementos de seguridad nacional muy singulares y adicionales que justifican esta operación.

"Las telecomunicaciones, como muchos otros sectores, son un sector regulado y sujeto a armonización comunitaria, y esto no entra en ningún caso en conflicto o contradicción con la libertad de empresa, que debe ejercerse dentro de los límites y condiciones que esas regulaciones establecen. En el caso de la entrada en Telefónica, vamos en la línea de otros países europeos como Alemania, Francia o Italia para preservar las capacidades estratégicas de nuestros intereses nacionales", declaró en una entrevista a El País.

Con todo, el problema para el Ejecutivo radica en que los plazos no favorecen la llegada de un consejero en representación de la SEPI. En el orden del día de la Junta de Accionistas, figuran solo las reelecciones de Isidro Fainé como consejero dominical, y de Javier Echenique, Peter

Löscher, Verónica Pascual Boé y Claudia Sender Ramírez, como consejeros independientes. Los accionistas también ratificarán los nombramientos de Solange Sobral Targa y Alejandro Reynal como consejeros independientes. 

Además de tratarse de apellidos en los que no se cuela ninguno que se pueda relacionar con el Gobierno, tampoco hay tiempo de aquí al viernes añadir el del representante estatal, sea quien finalmente sea.

Por parte de los saudíes, si bien es cierto que dan muestran de su falta de apuro por entrar en el consejo de Telefónica, a nadie se le escapa que con el 5% actual, los saudíes también podrían solicitar un asiento. ¿Y si lo hacen?

La encrucijada

Seguramente José María Álvarez-Pallete tiembla con solo pensarlo. El presidente de Telefónica se encuentra en el peor de los lugares: en el medio. y desde esa posición deberá dar muestras de una enorme habilidad para armar el consejo que saldrá de la Junta de Accionistas. 

Se trata de unir piezas muy delicadas y con formas que hacen difícil su encaje, más cuando una de ellas, la que representa el Estado, por activa y por pasiva mostró su desagrado por el nuevo accionista. En definitiva, habrá que ver cómo Álvarez-Pallete dará forma el órgano de Gobierno sin dejar más damnificados de los estrictamente necesarios.

Conviene recordar que en total se debatirá en esta junta la reelección de cinco miembros del consejo, a los que se suman la ratificación de otros dos, que están pendientes de ser respaldados por los accionistas después de que fueran nombrados miembros del consejo por cooptación el pasado de diciembre.

Los 500 millones de la SEPI entran en el puzzle

El pasado 25 de marzo se produce el anuncio que no sorprendió por esperado: El Gobierno, a través de la SEPI, comunicó la compra del 3% de Telefónica, primer paso para poder conseguir el esperado 10%, con el que se convertiría en el máximo accionista de la empresa de telecomunicaciones. De esta manera, Pedro Sánchez dejó sin espacio para las dudas sobre cuál sería su reacción ante el ingreso de STC en la operadora de bandera española.

Pero antes, el Ministerio de Hacienda aportó 500 millones de euros a la SEPI a través de una aportación patrimonial. Hacienda explicó que parte del incremento de los pagos acumulados detallados en el capítulo 8 del documento referente a los activos financieros, se debe a "la aportación patrimonial a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por 500 millones de euros. Aunque si bien el Ministerio no especifica que el movimiento está dirigido para financiar la operación de entrada en el accionariado de Telefónica, la cifra está cerca de los 700 millones de euros en los que se valoró el 3% de la operadora.

Criteria, la otra pieza

A última hora de ayer lunes, CriteriaCaixa, hólding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa, comunicó a la CNMV que alcanzó una participación del 5,007% del capital social de Telefónica, lo que supone casi duplicar su anterior posición, que alcanzaba el 2,69% de la operadora.

Que el paso dado por los catalanes se haya producido pocos días antes de la Junta de Accionistas alimentó toda clase de conjeturas entre los analistas del sector de las telecomunicaciones. 

Incluso, no fueron los menos aquellos que no descartaron la mano del Gobierno. Quienes colocaron fichas en ese casillero sacaron la cuenta que ese 5% sumado al 2,5% en poder de CaixaBank, el grupo catalán controla entre CriteriaCaixa y CaixaBank un 7,5% del capital, colocándose como el primer accionista de Telefónica, que sumado al 10% al que aspira llegar el Estado, más la participación de BBVA (6,9%) y la Caja de Ahorro y Pensiones De Barcelona (5,44%), la españolidad de Telefónica quedará blindada. 

SCT quedará reducida a socio inversor. Rol, por otra parte, que aseguraron perseguir los saudíes cuando anunciaron su ingreso en la compañía.

Sin embargo, aún está por ver si CaixaBank se desprende de sus acciones en Telefónica, tal como se espera. En ese caso, la pregunta es si Criteria se hace de la posición que libera el banco o si ésta cambia de manos. Hoy por hoy, la primera de las opciones apunta como la ganadora.

Entre otras razones porque Criteria señaló que la operación de elevar su participación al 5% "se ajusta a la política de inversión de CriteriaCaixa, caracterizada por una gestión eficiente y prudente de su portafolio, focalizado en compañías con una atractiva política de dividendos, como Telefónica, que le permiten financiar la acción social de la Fundación La Caixa". Como para que no queden dudas de la pretensión de permanencia de la empresa, Criteria recordó que en 2023 recibió un total de 42 millones de euros en dividendos de Telefónica.

Asimismo, la transacción refleja la confianza en el potencial de Telefónica y evidencia la estrategia a largo plazo de Criteria en el mercado bursátil, ya que deja en claro su interés por consolidar su presencia en el sector de las telecomunicaciones de la mano de una operadora de la magnitud de Telefónica, a la vez que esta decisión refleja el compromiso de Criteria con la generación de valor a través de inversiones sólidas y sostenibles.

¿Sorpresa al final del túnel?

A punto de cerrarse el capítulo Telefónica, los esfuerzos del Gobierno volverán a centrarse en Talgo. Es un secreto a voces que la opción suiza no es la única que maneja el Ejecutivo: Pedro Sánchez ve con muy buenos ojos el ingreso de Criteria en el fabricante de trenes de alta velocidad. En este caso, actuaría como contrapoder al grupo húngaro Ganz-Mavag.

Para quienes manejan la opción Criteria, la empresa contaría con el dinero necesario para cerrar dicha inversión. Y lo argumentan en el beneficio récord obtenido en 2023, que alcanzó los 1.910 millones de euros; como los dividendos recibidos de Caixabank, que sumaron otros 558 millones. Fuera del grupo, Naturgy le aportó dividendos por 388 millones y Telefónica otros 42 millones.

Ninguna opción se puede dar por descartada antes de tiempo, y menos aún si en ella directa o indirectamente está involucrado Pedro Sánchez.