Reconocer el catalán, el vasco y el gallego como idiomas oficiales le costará a España varios millones de euros, según la UE

La propuesta de Carles Puigdemont para que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos como lenguas oficiales de la Unión Europea, a cambio de su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, ha generado una estimación preliminar de gastos de 132 millones de euros anuales, según la Comisión Europea. A diferencia de las demás lenguas oficiales de la UE, cuyos costes son cubiertos por el presupuesto comunitario, Sánchez se ha comprometido a asumir estos gastos por España.

El reconocimiento de estas lenguas en la UE, que ya se ha discutido en el Consejo de Asuntos Generales, enfrenta dudas y escepticismo entre otros Estados miembros, siendo poco probable que se alcance la unanimidad necesaria para su aprobación. La presidencia española ha incluido el tema en la agenda, aunque las delegaciones consideran improbable su aprobación.

El coste anual de reconocer el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos como lenguas oficiales

La Comisión ha detallado que el coste anual por lengua sería de unos 44 millones de euros, totalizando los 132 millones para las tres lenguas. Estos costes se evalúan en el contexto del Reglamento nº 1/1958, que define las lenguas oficiales de la UE. La posición formal del Consejo y un enfoque detallado de España sobre cuestiones como un régimen transitorio son necesarios para una declaración financiera completa.

España ha planteado dar prioridad al catalán sobre el gallego y el euskera en las instituciones comunitarias, pero aún no ha definido los periodos transitorios. En un intento por ofrecer garantías y evitar un efecto contagio, el Gobierno de Sánchez ha propuesto una nueva versión de la iniciativa que especifica que las lenguas cooficiales españolas son un caso único y no sentarán precedente para otras lenguas regionales o minoritarias europeas.

Falta de consenso entre los socios de la UE

A pesar de estos esfuerzos, el nuevo texto no ha convencido a los socios europeos, quienes señalan que no se ha trabajado suficientemente en grupos de trabajo técnico ni se ha consultado con los servicios jurídicos. Así, es poco probable que la propuesta sea aprobada en la próxima reunión.

Esta situación representa la última oportunidad para el Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar una discusión a nivel ministerial sobre el catalán durante su presidencia. La práctica habitual indica que el tema solo se abordará nuevamente cuando haya posibilidades reales de acuerdo, las cuales actualmente parecen remotas.