Ley de alquileres: los inquilinos no podrán ser desalojados, aunque el dueño quiera vender el piso

La reciente modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ha transformado profundamente las reglas del alquiler en España, otorgando mayor protección a los inquilinos. 

Ahora, los arrendatarios podrán continuar en la vivienda arrendada incluso si el propietario decide ponerla a la venta. Esta modificación resuelve una de las principales inquietudes que los inquilinos enfrentaban: la posibilidad de ser desalojados para facilitar la venta de la propiedad. 

¿Cuándo puede un propietario cancelar el contrato de alquiler?

Según la nueva legislación, los contratos de alquiler deben tener una duración mínima de cinco años si el arrendador es una persona física y de siete años si se trata de una persona jurídica. 

Durante este periodo, el inquilino tiene el derecho de permanecer en la vivienda, y el contrato se prorrogará de manera automática por plazos anuales, salvo que el arrendatario decida no renovarlo, avisando con 30 días de antelación.

Sin embargo, existen circunstancias en las que el arrendador puede recuperar la vivienda antes del término del contrato. Por ejemplo, si el propietario necesita ocupar la vivienda para sí mismo o para un familiar directo. 

En este caso, deberá notificarlo al inquilino con al menos dos meses de antelación. Asimismo, el propietario podrá terminar el contrato en caso de que el inquilino incumpla alguna de las condiciones establecidas, como el impago de la renta o daños en la vivienda.

¿Qué pasa si el propietario quiere vender la vivienda?

La venta del inmueble no es motivo suficiente para que un propietario desaloje a su inquilino, incluso si la vivienda se pone a la venta. Los arrendatarios tienen derecho de adquisición preferente, lo que significa que tienen la opción de comprar el inmueble antes que otras personas. 

Si no desean adquirirlo, podrán seguir viviendo en la propiedad hasta que finalice el contrato de alquiler.

En algunos casos, el propietario puede intentar negociar la salida del inquilino mediante una compensación económica, pero el arrendatario no está obligado a aceptar dicha oferta. 

Si el casero alega que necesita recuperar la vivienda para su uso personal y, poco después, la pone a la venta, esto podría considerarse un fraude. En tal situación, si el propietario no ocupa la vivienda o no la destina a los fines indicados en un plazo de tres meses, el inquilino podrá exigir una indemnización por cada año restante del contrato o solicitar la formalización de un nuevo contrato de alquiler bajo las mismas condiciones.