Ley de alquileres: falsos inquilinos enfrentan 9 años de cárcel por alquilar sus viviendas para turismo
La Fiscalía acusa a un grupo de diez personas de formar una red criminal que alquilaba pisos en la ciudad utilizando documentos falsos para luego convertirlos en pisos compartidos.
La Fiscalía pide penas de hasta nueve años de prisión para diez acusados de formar un grupo criminal dedicado a alquilar viviendas en Barcelona para después reconvertirlas en apartamentos turísticos o en pisos compartidos, mientras dejaban de pagar a los caseros y les impedían el acceso a los mismos.
En un juicio que ha comenzado este lunes en la sección séptima de la Audiencia de Barcelona, que se ha trasladado para celebrar esta vista oral a una sala de la Ciudad de la Justicia, el ministerio público pide penas de prisión para cada uno de ellos que oscilan entre los tres años y medio y los nueve años de cárcel.
El fiscal acusa a los diez procesados de varios delitos, como pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad en documento mercantil, extorsiones o coacciones, y espera a la ejecución de sentencia para fijar la cuantía de la indemnización destinada a resarcir a los propietarios de las viviendas.
No obstante, la suma de los perjuicios generados tanto por las mensualidades no abonadas a los dueños como por los daños causados con las obras de los inmuebles que luego eran usados como apartamentos turísticos o pisos compartidos supera provisionalmente los 600.000 euros.
Afrontan hasta 9 años de cárcel por convertir pisos alquilados en apartamentos turísticos
Según el escrito de acusación, los diez procesados, entre los años 2017 y 2020, alquilaron varios pisos en la capital catalana con documentación falsa para acreditar una supuesta solvencia económica y, una vez en su poder, comenzaron a llevar a cabo obras sin permiso ni conocimiento de los arrendadores.
El ministerio público sostiene que, habiendo abonado en algunos casos únicamente la fianza y la primera o segunda mensualidad, dejaban de pagar las cuantías correspondientes a los dueños, quienes tampoco podían acceder a sus viviendas al haber sido ocupadas por los subarrendatarios.
El grupo de acusados, prosigue el escrito, comenzó a publicitar las viviendas en la página de Airbnb, así como en otras webs inmobiliarias conocidas, pese a que no contaban con la licencia necesaria para llevar a cabo la actividad de alojamiento turístico.
Los acusados crearon "un clima de terror y miedo en los propietarios", para amedrentarlos cuando éstos acudían a la vivienda alertados por los vecinos, que les informaban de un elevado número de personas que entraban y salían del piso, con las molestias que esto generaba, según la Fiscalía.
De acuerdo con la acusación pública, cuando los acusados veían a los propietarios a través de cámaras de videovigilancia que habían instalado en las puertas de los domicilios, se presentaban en el inmueble y les amenazaban, bien con hacerles algún daño o con llamar a las fuerzas policiales.
La Fiscalía sitúa como cabecillas del presunto grupo criminal a un padre y su hijo, acusados de gestionar el alquiler de los inmuebles desde una sociedad mercantil, y se encargaban de dar indicaciones al resto de procesados.
Fuente: EFE
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