La ley de amnistía catalana, ¿es constitucional? Esta es la opinión de los expertos

No es ningún secreto que Pedro Sánchez consiguió ser investido gracias a los acuerdos con el partido independentista catalán, Junts per Catalunya. El secretario general del PSOE logró la presidencia tras obtener la mayoría absoluta en el Congreso con la luz verde de la coalición progresista, y los siete votos claves de la formación liderada por el expresidente catalán, Carles Puigdemont.

Pero, por supuesto, ese intercambio no fue gratis. Los votos fueron otorgados a Sánchez a cambio del tratamiento de una ley de amnistía "para la normalización institucional, política y social en Cataluña". Una norma que vendría a borrar los delitos relacionados con el procés y perdonar a Puigdemont y el resto de fugados tras el referéndum de independencia de Cataluña de 2017, también conocido como 1O.

Del mismo modo que sucedió con aquella proclama de independencia, se trata de una ley que no escapa al rechazo social y que en el último año ha suscitado más de una veintena de manifestaciones en contra, encabezada por los partidos de la oposición, el Partido Popular (PP) y Vox.

El principal argumento en contra de esta norma es su presunta inconstitucionalidad. Pero, ¿esto es realmente así? La respuesta, compleja por demás, la dan dos especialistas en derecho constitucional español.

La posición de Junts

Una de las claves para entender el apoyo de Junts a la ley que llegará el martes al pleno del Congreso está en sus "beneficiados". En concreto, la norma implica anular la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todas las personas vinculadas con la "preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023", según detalla un informe de EFE.

Entre ellos, figuras como la de los exconsejeros Toni Comin, Lluís Puig y Clara Ponsatí, como también dirigentes políticos, directores de colegios en los que se colocaron urnas del 1-O, alcaldes, manifestantes y agentes policiales que actuaron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.

La postura del PSOE y sus aliados

La postura del jefe de Estado es clara. La amnistía es una ley que nace "en el nombre de España, en el interés de España y en defensa de la concordia entre españoles", como sintetizó frente al comité federal del PSOE el pasado noviembre.

El presidente del Gobierno defiende a capa y espada que esta ley se aprobará "bajo luz y taquígrafos, con total transparencia" y "no será un ataque a la Constitución del 78, sino todo lo contrario, una muestra más de su fortaleza y vigencia".

En cuanto a los otros socios de la coalición progresista, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, sostiene que se trata de un "acuerdo histórico" y una medida "necesaria" para "acabar" con el conflicto político catalán.

Por su parte, Podemos radicaliza aún más la defensa y sostiene que "en torno a la amnistía hay evidentemente un debate democrático y lo que se trata aquí es si en España quien manda es la ciudadanía a través de sus representantes legítimamente elegidos en el Congreso,o si quien manda son los sectores reaccionarios del Poder Judicial", como proclama el portavoz del partido, Pablo Fernández.

La negativa del PP

El partido popular ha convocado a varias movilizaciones, algunas con una participación considerable, otras, no tanto. Sin ir más lejos, el domingo anterior los populares lograron reunir a más de 45.000 personas en una concentración convocada en la plaza de España de Madrid, a dos días de votarse en el Congreso la ley de amnistía.

Allí, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió nuevamente sobre los peligros de esta ley y en un vitoreo unísono cerró la jornada con un "No a la amnistía", frente a los manifestantes que portaban cientos de banderas de España, de la Unión Europea y algunas de Vox.

El principal capital político del PP en este momento es "defender la igualdad de todos los españoles", donde ser "los garantes de la Constitución del 78" es uno de sus principales mensajes. Asimismo, ideas como la "libertad", tan presentes en el discurso público en estos últimos tiempos, son una de sus principales banderas.

Su máxima representante, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en esa misma jornada ha hecho un llamamiento a rechazar en el marco de "la libertad" el proyecto de amnistía y ha dicho que aquella movilización es una "señal de auxilio" para pedir a las instituciones, sobre todo europeas, "que escuchen lo que está pasando en España".

La ley de amnistía catalana, ¿es constitucional?

El profesor titular en Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia y doctor en Derecho por las universidades de Bolonia y de Murcia, Germán M. Teruel Lozano, sostiene que la amnistía no está contemplada en el andamiaje legal español.

El catedrático explica -en diálogo con El Cronista España- que en los estados constitucionales "existen los mecanismos de clemencia o medidas de gracia que permiten atenuar, suavizar o, incluso, corregir la aplicación de la ley, especialmente la ley penal".

  La amnistía, detalla, la concede el Parlamento y "no necesariamente tiene que operar sobre algo que haya sido ya juzgado y condenado". Pero, ¿cuáles son los efectos de la amnistía? ¿Qué dice la Constitución española? La norma suprema prevé la figura del indulto general, una figura que es otorgada por el Ejecutivo.  

En 1978, durante el debate por la Reforma Constitucional, proceso que implicó la culminación de la transición democrática, se trató una enmienda que específicamente contemplaba la posibilidad de "incorporar y dar poder a las Cortes Generales para que aprobaran amnistías", comenta Teruel Lozano. Sin embargo, esta cuestión no fue aprobada y una amnistía "no está prevista de ninguna manera", remarca.

Por ello es que "no hay ninguna base jurídica. El derecho de gracia en la Constitución española está circunscrito al indulto, y se rechazó una regulación expresa de la amnistía".

Entonces, "¿ese ‘no reconocimiento' de la amnistía comporta que, entonces, un Parlamento, en uso de su potestad legislativa general, pueda aprobar una ley de amnistía? Es lo que ha entendido una mayoría parlamentaria, el Gobierno con los partidos que apoyan al Gobierno, y una minoría de la doctrina académica", asevera.

Una mirada contrapuesta es la que plantea Joaquín Pablo Urías Martínez, letrado del Tribunal Constitucional desde 2004 hasta 2010 y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.

Para Urías Martínez, si bien la Constitución española no habla de amnistía -y, de hecho, casi ninguna lo hace-, es posible. "Normalmente las constituciones no prevén la amnistía porque es algo excepcional. Las mismas personas que hicieron la Constitución aprobaron una ley de amnistía aplicada a los delitos cometidos durante la dictadura de Franco. Lo cual quiere decir que ellos entendían que la amnistía era algo posible", subraya.

"La Constitución española no se pronuncia ni a favor ni en contra de la amnistía. Pero el hecho de que a la vez que se aprobaba la Constitución se aprobó una ley de amnistía demuestra que no lo veían como algo contrario", remarca.

No obstante, "eso no quiere decir que cualquier ley de amnistía sea constitucional. Sino que una ley de amnistía, igual que otro tipo de ley, tiene que compatibilizarse con cada uno de los artículos de la Constitución. Entonces, primera idea, no están prohibidas las amnistías. Segunda idea, aunque no estén prohibidas, habrá que ver caso por caso".

Desde luego "no es un debate sí o no, es un debate que ‘habrá que ver apartado por apartado'". Asimismo, "solamente puede haber una ley de este tipo cuando sea necesario para el bien común". ¿Qué quiere decir eso? "Ahí entra la discusión política. La situación en Cataluña está tan enconada, hay una pelea tan grave, que solamente si decimos que no aplicamos las leyes, se puede recuperar la convivencia", detalla Urías Martínez.

Sobre los costos de la aprobación de la ley

Sin dudas, se trata de una ley parteaguas, que debilita al gobierno en la misma medida que lo sostiene. Es el precio que tuvo que pagar Pedro Sánchez para lograr formar gobierno, pero también lo que podría llevarlo a una derrota en menos de cuatro años.

¿Qué tan grave podría resultar? Para Teruel Lozano, una ley así tiene lugar por lo que él ha llamado un "proceso de desmantelamiento de los frenos del poder". Al mismo tiempo, en la actualidad "la credibilidad del Tribunal Constitucional está puesta en duda" porque para su conformación "han pactado los grandes partidos y en lugar de buscar a juristas independientes han puesto cada uno a lo suyo". Según este docente, "el Tribunal Constitucional, por desgracia, no está actuando con un órgano jurisdiccional, está actuando como un órgano dividido por mayorías políticas, y eso es trágico".

Pero no es todo. "Esto sienta un precedente peligrosísimo. ¿Qué ocurriría en España si de repente hay unas elecciones y un grupo de extrema derecha dice que no reconoce las elecciones? Asalta el Parlamento, ataca las elecciones pero luego obtiene representación parlamentaria. Y entonces le dice al partido ‘yo te doy mis votos, si indultas, si perdonas, a todos mis seguidores'. ¿Qué ocurre? Ese es el problema que tiene ahora mismo España, que estamos desmontando, anulando, cualquier anticuerpo. Y esto puede abrir la puerta para que venga cualquier forma de populismo. Debemos reprocharlo porque es compraventa de votos a cambio de impunidad", alerta Teruel Lozano. 

Para el profesor Urías Martínez, en cambio, el problema "es que el gobierno tiene que demostrar que la amnistía es buena para el país, no buena para Pedro Sánchez. Si Sánchez es capaz de demostrar que la amnistía va a pacificar Cataluña, va a acabar o reducir este conflicto entre Cataluña y España y va a facilitar la convivencia, entonces, al final saldrá reforzado".

La amnistía como elemento pacificador."Lo que intenta la ley es que en lugar de reprimir, olvidar lo que sucedió el 1 de octubre, no castigar e intentar evolucionar dialogando como una manera de que esta gente se sienta más cómoda en España". Asimismo "no hay que ser catalán, visto desde España con una perspectiva no patriótica, digamos, no nacionalista española, la ley de amnistía es una forma de decir a los catalanes independentistas que vamos a buscar la manera de que estén contentos en nuestro país. Es cambiar la política de mandar a la policía y a los jueces por una política de diálogo", concluye.