Yates, lanchas y motos de agua con deuda: hay 1400 en la mira y ARBA busca retenerlas

En medio del ordenamiento de las cuentas públicas de la gobernación de Axel Kicillof, a causa de la afección por la disminución en las transferencias de la coparticipación, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) se encuentra actividad plena.

Luego de los operativos de control en el sector gastronómico en la costa, según adelantaron a El Cronista, el organismo a cargo de Cristian Girard reglamentaría procedimientos que habilitan la retención de 1.400 yates, lanchas, motos acuáticas y veleros a motor que registran importantes deudas del impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación.

Las cuales se encuentran publicados en la página oficial de ARBA, en la solapa de "Embarcaciones que registran deuda impositiva", en donde pormenorizaran el dominio y la deuda, además de la valuación, arboladura y locación.

Así, con base en las facultades que le otorga la resolución normativa 19-23, ARBA ejercerá la retención y secuestro cuando verifique que una embarcación, de una valuación superior a los $8.750.000, tenga una deuda equivalente al 10% de dicho monto o impagas al menos 30% de las cuotas vencidas no prescriptas.

Con el fin, según revelaron, de fortalecer la equidad y justicia tributaria "marcando una clara diferencia entre quienes se esfuerzan por cumplir con sus impuestos y aquellos que, pudiendo pagar, prefieren la especulación y el incumplimiento". Pero también de recuperar públicos con destino a la inversión de rutas, hospitales y escuelas.

A su vez, también estarán en la mira aquellas que no se encuentran registradas ante la agencia de recaudación, pero sí estén amarradas, fondeadas o guardadas durante un periodo de seis meses o más en la jurisdicción bonaerense y sobre la que se haya notificado previamente a su titular.

En base a los cálculos, proyectan que los montos adeudados al fisco bonaerense suman un total de $1.587,5 millones. Cuyos casos más significativos son un yate fondeado en Tigre, de una valuación fiscal de $94 millones, que debe casi $7 millones en impuesto. Y una embarcación en un amarre de San Fernando de $32,9 millones, con una cifra superior de $8 millones en concepto del tributo.

Los cuales se sumarían al resto de los ingresos que ya proyecta la agencia. En la última semana, detectó en Pinamar 70.000 metros construidos y 120.000 en Mar del Plata que estaban sin declarar por parte de desarrolladores y propietarios que no pagaban el impuesto Inmobiliario. Junto con los compromisos de pago por $10 millones de los titulares automotores de lujo con deuda y otras infracciones e intimaciones por $11 millones.

Pasos siguientes: cómo evitar la retención temporal o secuestro

Pero la retención de las embarcaciones no será automática, sino que los titulares tendrán una oportunidad. Cuando los equipos de fiscalización detecten deudas o el no registro, se podrán acreditar para regularizarla, demostrar la inscripción o que no les corresponde.

Frente a la negativa es donde el equipo de fiscalización procederá a la retención de la embarcación, que quedará amarrada o guardada en el lugar donde se encuentre. Para recuperarla se deberá cancelar la totalidad de la deuda o un 50% con la firma de compromiso de pago del restante en el plazo de 10 días hábiles. 

En el caso de las no registradas, el proceso consistirá en la inscripción o, de corresponder, efectuar el cambio de radicación bajo el mismo periodo de tiempo.

La ARBA ejercerá la retención y secuestro cuando verifique que una embarcación, de una valuación superior a los $8.750.000, tenga una deuda equivalente al 10% de dicho monto o impagas al menos 30% de las cuotas vencidas no prescriptas.

Si en el plazo transcurrido, según cada caso, el titular no abonará la deuda, firma el compromiso o inscribiera la embarcación, ARBA procederá al secuestro de la misma, que quedará en el mismo lugar bajo la custodia de la entidad que administra el lugar.

Recién cuando el contribuyente cumpla con el pago de la deuda o el trámite de registro, podrá solicitar al juez actuante el levantamiento de la medida. De no suceder ninguna de las dos situaciones, a los 10 días hábiles siguiente a la efectivización, ARBA emitirá un título ejecutivo e iniciará juicio a través de la Fiscalía del Estado, para garantizar el cobro de la obligación tributaria.