Régimen para inversiones: la brecha que generaría con la industria nacional y los peligros por lavado

A pesar de estar en el tiempo límite para el 25 de mayo, frente a la resistencia del Propuesta Republicana (PRO) y la Unión Cívica Radical (UCR), este viernes, el ministro del Interno, Guillermo Francos, admitió que modificarán el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Sobre el que existieron alertas por el impacto en la industria nacional y la posible vía de lavado.

Durante el plenario de comisión, el senador Martín Lousteau fue quien alzó la bandera en otra de la propuesta oficialista al calificarlo como un "régimen excesivamente generoso" por los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios que plantea.

En esa línea, un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destacó las implicancias que tendría, de aprobarse la versión que se giró a la Cámara de Senadores en términos de competencia, como también las preocupaciones por blanqueo de dinero ilegítimo, dada la propuesta paralela del Régimen de Regularización de Activos.

"El punto más problemático, que significaría -de aprobarse- un cambio profundo en la matriz productiva del país, es la propuesta del RIGI", sentenciaron. La cual, aseguran, arrastra más de tres o cuatro meses de caída en sus indicadores.

Dado que si bien la propuesta del oficialismo pretende una inversión mínima de u$s 200 millones (pero no superior a u$s 900 millones), cumplir con un determinado porcentaje en los primeros años y el 40% para permanecer, les concedería a los titulares de los Vehículos de Proyecto Único (VPU) diversos beneficios.

Como la reducción de impuesto a las ganancias; el pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) con crédito fiscal; eximición de la tasa estadística, impuesto PAIS, derechos de importación y de exportación luego del tercer año y del segundo si es considerado "estratégica".

A la par de la no aplicación de percepciones de IVA y Ganancias; la posibilidad utilizar el impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta de este último; una cuenta con amortización acelerada para las inversiones; y que las ganancias que proviene de dividendos, utilidades y remesas tengan una alícuota 7% que luego de 7 años de adhesión y 3 años desde el cierre del ejercicio fiscal sería del 3,5%.

Impacto local: brecha de costos

"Este régimen de promoción de inversiones no presenta en ninguno de sus artículos iniciativas de protección del tejido productivo local", alertaron en el CEPA no solo por los beneficios, sino también por no contar con una prohibición explícita para la importación de bienes industriales usados.

Una condición, que, en caso de no estipularse durante las negociaciones, sostienen, dejaría desprotegida a la industria nacional frente a la imposibilidad de competir en materia de precios. Para lo que pone como ejemplos, con base en los cálculos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), las diferencias en la estructura de costos para un productor nacional y un proveedor internacional que comercializa con un VPU.

"En cables eléctricos para distribución de energía, transformadores de distribución y en equipos de proceso de acero inoxidable para petróleo y gas, las diferencias de competitividad se ubican en 22%, 16% y 36% respectivamente", detallaron, todo con dependencia de la cantidad de insumos importados.

¿Vía para dinero ilegítimo?

Pero también advirtieron sobre la laxitud que plantea el régimen a los controles del origen de los fondos, como ya lo había hecho el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que señaló la permeabilidad que tiene al ingreso de capitales ilícitos de alto perfil.

En palabras de los especialistas de la organización, calificaron al RIGI como una puerta de acceso camuflaje con "visos de legalidad" para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad".