Una empresa acusa a Vialidad Nacional de manejos indebidos en la gestión Milei

Tras la decisión de Vialidad Nacional de reconvertir la obra pública en las rutas nacionales, el organismo impuso sanciones en la empresa que gestionó la Ruta del Mercosur. Desde Caminos del Uruguay S.A (CRUSA) acusaron al titular del organismo, Marcelo Campoy, de mentir. 

Cómo ya lo había adelantado El Cronista, Vialidad Nacional llevó a cabo el cierre de licitaciones. Según informaron fuentes calificadas a este medio, solo continuarían vigentes algunas de las trazas que tiene el organismo estatal en provincias específicas. 

El organismo dirigido por Marcelo Campoy informó el fin del contrato que el Estado mantenía con Caminos del Río Uruguay S.A por lo que quedarían libres las trazas en tanto todavía no tenga un nuevo contrato de concesión.

El organismo público comenzó con un relevamiento del terreno y no cobrará peajes hasta tanto no vuelva a manos privadas. Además del cierre administrativo, Vialidad Nacional se encuentra en este momento labrando actas de infracción por detectar faltantes o deficiencias.

En este sentido, a través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) se resolvió la imputación a la empresa que tenía la concesión de la Ruta del Mercosur.

En la Resolución 491/2025 Campoy determinó imputar a Caminos del Río Uruguay SA por la comisión de infracciones contractuales.

Quita de la concesión de la Ruta del Mercosur: qué respondió la empresa

Tras algunas semanas, CRUSA desmintió a Dirección Nacional de Vialidad: "Sus afirmaciones son improcedentes y falsas". En esta línea, manifestaron un "enérgico rechazo" ante la publicación de Vialidad. "Es falso que el año de prórroga del contrato de concesión que se le otorgara haya sido a los efectos que la empresa pueda sanear su situación financiera", sostuvieron.

CURSA aclaró que la prórroga fue otorgada por Vialidad para que Corredores Viales S.A. manifestó que no podía absorber el Corredor Vial Nº 18 y tampoco había definido qué iba a hacer. "Por esto decidió aplicar una cláusula del contrato de concesión y otorgar el año de prórroga", indicaron desde la firma que tiene la Ruta del Mercosur. 

 Además, sostuvieron que en ningún documento la DNV afirma que la prórroga del contrato de concesión tenga como objeto que la empresa pueda sanear sus cuentas y elaborar los planes de acción para contar con los fondos para que los empleados no sea perjudicados al cierre de sus actividades.

En tal sentido, CRUSA recuerda que solicitó a las autoridades, en dicha oportunidad y en las reiteradas reuniones que mantenía con las mismas, que se ajusten las tarifas de peaje puesto que los valores de las tarifas autorizadas no eran suficientes, y que se requería de un aumento tarifario considerable para poder realizar la operación en condiciones medianamente normales.

Según la empresa, en aquel momento se prometió que la tarifa iba a ser superior y que iba a ser suficiente para pagar al personal, para pagar todos los tributos y para poder hacer una operación correcta en el Corredor.

"Para enorme sorpresa, Vialidad Nacional incumplió nuevamente lo que había prometido en las reuniones, y otorgó la mitad del incremento tarifario que le fue otorgado a la empresa del estado Corredores Viales S.A.", denunciaron. 

En este sentido, señalaron que además de conceder un incremento solo de la mitad de lo autorizado a CVSA, la DNV lo hizo 2 meses después que a dicha empresa. "No solo eso, sino que DNV incumplió con los incrementos tarifarios previstos en la RS-2024-388-APN-DNV%MEC para los meses de febrero, y marzo de 2025", afirmaron. 

 CRUSA afirma que creó un fondo para indemnizaciones (alcanzando $6.300 millones a valores actualizados en 2019), pero debido al incumplimiento del Estado en los aumentos tarifarios, tuvo que usar esos fondos para pagar sueldos y operar. 

Además, aseguraron que la DNV solicitó detalles de indemnizaciones en enero de 2025, lo que demuestra que sí estaba al tanto de la situación, contradiciendo lo que ahora manifiestan.

Desde 2023, la empresa está en concurso de acreedores, por lo que todas sus decisiones están bajo control judicial y de una sindicatura, lo que según ellos refuerza que las acusaciones de DNV carecen de sustento.