Ley Bases

Privatizaciones y reforma laboral: los últimos cambios en dos capítulos sensibles

El Gobierno busca dictaminar hoy un proyecto de consenso que podrá incluir disidencias que le garanticen los votos en el recinto. Cuáles son las últimas modificaciones presentadas a los bloques aliados en los apartados sobre empleo público, privado y reducción del Estado

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El Gobierno busca dictaminar hoy un proyecto de consenso de la Ley Bases con la adhesión explícita de los bloques dialoguistas. Tras el paso del flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el Senado, junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, el Ejecutivo presentó hoy a sus interlocutores más amigables el último borrador con modificaciones en el capítulo de privatizaciones, reforma laboral y del Estado, a la espera de garantizarse sus firmas y los votos en la sesión.

Uno de los primeros puntos donde se advierten cambios clave es en el artículo 3 de la Ley Bases que lista aquellos organismos estatales que específicamente quedan a salvo de su disolución. En Diputados ya habían sumado varias instituciones a pedido de las y los legisladores, como el Banco Nacional de Datos Genéticos y el CONICET. Ahora la lista se amplía sumando nuevos organismos.

Dentro del nuevo artículo 3 que propone La Libertad Avanza, se incluyen a la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) y al Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA) como otros organismos que no pueden ser desmantelados en un eventual proceso de achicamiento del Estado. 

En la misma línea, también hubo nuevos cambios en el apartado sobre Privatizaciones aunque el gobierno de Milei no fue tan a fondo como reclamaban los bloques dialoguistas. En las sesiones del plenario -e incluso fuera de ellas- el pedido era ahora por reducir más aún la lista de empresas públicas sujetas a ser privatizadas, concesionadas o reconvertidas a un sistema híbrido. 

Específicamente, se esperaba remover de la lista a dos empresas que son consideradas estratégicas por una parte de la oposición como Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Ya en el paso de la Ley Bases por Diputados, se había excluido al Banco Nación y todo su universo de empresas concatenadas, además de ARSAT. Esta vez, los libertarios se mantuvieron firmes en no quitar más firmas de la nómina.

En cambio, lo que sí concedieron es ampliar de 30 a 120 días el plazo para que la Auditoría General de la Nación remita al Congreso un informe sobre el proceso de privatización de cada una de las empresas. Esta exigencia figura en el artículo 14 del texto que esperan rubricar como dictamen de mayoría. El examen de la AGN deberá ser presentado ante la Comisión Bicameral prevista en el artículo 14 de la ley 23.696.


Cuáles son las modificaciones al capítulo de Empleo Público

También en los apartados relacionados con las reformas al sistema laboral se incluyeron cambios en la última propuesta del Gobierno al Senado para conseguir la media sanción restante de la Ley Bases con un dictamen de mayoría que incorpore, a lo sumo, disidencias. En este caso, vale aclarar, las modificaciones al sistema vigente en la Argentina corren en dos capítulos, uno que atiende al universo del empleo público y el otro que versa sobre las contrataciones privadas bajo el rótulo de Modernización laboral.

El capítulo IV, de reforma del empleo público, establece una serie de modificaciones, bajas y artículos añadidos a la ley 25.164 que rige la modalidad de empleo de las y los trabajadores públicos estatales a nivel nacional. Son una serie de puntos duramente resistidos por los gremios estatales, ATE y UPCN, en tanto denuncian que atentan contra la estabilidad del empleo público presente en la Constitución Nacional.

En gran medida, se trata de reformas que van de la mano con el plan de achicamiento del Estado y la fusión o cierre de organismos, tal como viene sucediendo desde diciembre pasado aunque no a la velocidad que hubiera preferido el Gobierno libertario. De hecho, ya fueron 14.000 las bajas de estatales bajo contrato y el Ejecutivo anticipó que el número se ampliará el 30 de junio cuando venzan los contratos renovados por tres meses el 31 de marzo. 

En este sentido, ya hay institutos, como el INADI, que denunció la baja de 120 personas en las últimas semanas. Mientras que se avanzan con los planes de retiros voluntarios en otras dependencias, como Télam -parte del sistema de medios públicos, sujetos a privatización- que ya contabiliza unos 350 ceses. Los gremios advierten que podrían profundizarse apelando al Procedimiento Preventivo de Crisis como siguiente fase.

Uno de los puntos donde se da marcha atrás es en la posibilidad de pasar a disponibilidad a aquellas personas que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio. Específicamente aclara que "hasta vencido el período de su licencia no podrán ser puestos en situación de disponibilidad" en el artículo 53.

El cambio no es menor ya que formaba parte de las facultades del Estado para pasar a disponibilidad a todos las y los trabajadores cuando la Jefatura de Gabinete considerara "excedida la 'dotación óptima' de un área u organismo", permitiendo incluso su reubicación geográfica en otras jurisdicciones -convenios con provincias y municipios mediante- sin necesidad de contar con el aval del empleado o empleada.

Si bien no hay cambios en esta mecánica de fondo que desde los gremios denuncian como inconstitucional por quebrar la estabilidad del empleo de planta en el Estado, lo que se aceptó retocar fue el apartado sobre las licencias donde también imperaba la facultad del cese por la sola voluntad del Gobierno tras la media sanción de Diputados.

Asimismo, se da marcha atrás con el veto a las llamadas cuotas solidarias eliminando el artículo 62 que sustituía el 13 de la normativa de empleo público fijando que dichos aportes a cargo de los empleados y a favor de las asociaciones de trabajadores participantes en la negociación, tendrían validez solo para los afiliados. "Para los no afiliados solo será factible de constatarse la autorización previa y expresa para realizar dicho descuento", rezaba.

Los gremios estatales habían advertido que el voto afirmativo de este artículo en Diputados era incoherente con su remoción previa en el capítulo de Modernización laboral, donde la CGT también había expresado su queja y algunos referentes dialoguistas, como Migue Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) la habían tomado. De no modificarse, el veto a la cuota solidaria hubiera sido solo para el empleo público y no el privado, estableciendo un doble estándar, reclamaron al Gobierno.

Sí permanecen vigente en el último proyecto que circuló el Gobierno otros puntos difíciles de digerir por los gremios del Estado como las sanciones por huelga con descuentos de horas, el incremento de los plazos de prescripción de las sanciones y la reducción de 5 a 3 jornadas de ausentismo de continuado sin justificar para implementar la cesantía.


Cambios en la Reforma laboral para el sistema privado

En el articulado sobre registración laboral dentro del capítulo de Modernización Laboral, por su parte, se agrega que el importe único para las obligaciones emergentes incluirá a las previsionales, y deja de lado a las que tengan origen convencional, en el artículo 81. 

Suma además una aclaración relevante durante el denominado período de prueba que contempla el artículo 89 de la última versión de Ley Bases. Pese a que los plazos no se tocan -el período de prueba se extiende de tres a seis meses, ampliable a ocho en las empresas de entre 6 y 100 trabajadores y hasta un año en las de menos de 5- ahora remarca que cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y sin derecho a indemnización.

Un cambio que parece responder también a las molestias en la CGT, en particular en el ala comandada por Pablo Moyano, es cierta flexibilización en la incorporación del despido con justa causa por acciones de bloqueo o toma de los establecimientos. Este era uno de los puntos reclamados por el radicalismo ya en el tratamiento en Diputados. Según el artículo 91 bis el categórico "configurará" injuria laboral grave troca por un potencial "podrán configurar", dejándolo a criterio del juez interviniente. 

En el último punto, referido a los trabajadores independientes, el proyecto lo baja de cinco a solo tres trabajadores -otra demanda de la CGT- y aclara en el artículo 94 que "el presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes; es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica". Así y todo, lo deja sujeto "al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponda".

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  • BS

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