Las dos nuevas condiciones que incluyó el Senado para reactivar la inversión de Nación
Los reclamos de los mandatarios tuvieron eco en las modificaciones al dictamen de Ley Bases que se leyó al inicio de la sesión en lo que refiere a la infraestructura. Qué dice la letra del nuevo artículo 63 bis
Los reclamos de los gobernadores también tuvieron eco en las modificaciones al dictamen de Ley Bases que se leyó al inicio de la sesión como carta de negociación para conseguir la aprobación del proyecto. Según notificó al resto del recinto el senador libertario Bartolomé Abdala, se incorporarán condiciones para evitar la parálisis de la inversión del Estado nacional en infraestructura.
Durante los últimos diez días, hasta diez gobernadores desfilaron por el despacho de Jefatura de Gabinete para llevarse convenios firmados con el titular del área, Guillermo Francos, que incluyen el traspaso de obras nacionales a la órbita provincial y el compromiso de financiar una porción menor de los trabajos pendientes por parte de Nación. El último fue Martín Llaryora, de Córdoba, que hoy mismo pasó por Jefatura de Gabinete.
Entre los cambios que se mencionaron en el recinto y que las y los senadores someterán a votación en general, figura la inclusión de un nuevo artículo dentro del título III denominado Contratos y Acuerdos Transaccionales en el capítulo referido los contratos vigentes y acuerdos transaccionales.
La aparición del artículo 63 bis pone condiciones a la potestad que el Legislativo otorga al Ejecutivo en el artículo 63 del dictamen del plenario de comisiones sobre Ley Bases para disponer el cese de obras y concesiones de obras, bienes y servicios que se hayan sellado antes del 10 de diciembre de 2023 por un valor superior a los 10 millones de módulos acorde a lo establecido en el DNU 1030/2016 -equivalente a $27.000 cada módulo- o el que lo reemplace en el futuro.
En el nuevo punto, el 63 bis, se establecen dos condiciones para no frenar esas obras públicas que van más allá de la intervención de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Traza un porcentaje de obra realizada, luego del cual no se pueden paralizar los trabajos. Y salvaguarda aquellas obras que tienen financiamiento internacional.
"Se entenderá que resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un ochenta por ciento (80%) a la fecha de la sanción de la presente ley; o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción".
Además fija que "en caso de que dichos contratos se hayan visto suspendidos, su ejecución se reanudará previo acuerdo firmado entre comitente o contratante y contratista, el que deberá ser aprobado por la autoridad competente en razón de la materia y deberá ser suscrito dentro de noventa (90) días desde la publicación de la presente ley."
Como sucedió con otras modificaciones, el oficialismo acercó posiciones con el dictamen del radical Martín Lousteau que solicitaba tomar las obras avanzadas en un 75%. Lo llamativo es que hasta los "dialoguistas" se enteraron de las modificaciones al dictamen cuando las leyó Abdala en el recinto, no antes.
La demanda forma parte de los pedidos de las provincias para reactivar aquellos proyectos con un grado avanzado de desarrollo y cuya parálisis no solo impactó en el nivel de empleo local sino que también multiplicaban los cotos de culminación por el deterioro de las estructuras.
Acuerdo del Gobierno con gobernadores por obra pública
Durante los últimos diez días, diez gobernadores desfilaron por Jefatura de Gabinete con el fin de cerrar la transferencia de obras a la órbita provincial junto al compromiso del Gobierno nacional de asumir una parte de los trabajos inconclusos. El último en hacerlo fue Martín Llaryora, hoy mismo.
Mientras en el Senado se discutía la Ley Bases, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió al gobernador de Córdoba para firmar un convenio que estipula el traspaso y la colaboración en materia de obras públicas. De acuerdo con lo firmado este mediodía en Casa Rosada, el Gobierno nacional transferirá un conjunto de obras hídricas, de saneamiento, viales y de infraestructura social que serán ejecutadas por la provincia.
Además, la Nación continuará otra serie de obras con cierto grado de avance, reportaron desde la Casa Rosada. Del encuentro participaron también el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el diputado nacional por Córdoba, Gabriel Bornoroni; el secretario de Provincias y Municipios, Javier Milano; el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine y el titular del ENOHSA, Bartolomé Heredia.
Mientras que del lado de Córdoba estuvieron presentes el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López y el ministro de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore.
De esta manera, Córdoba se suma a las nueve provincias que ya han suscrito acuerdos similares con el Gobierno nacional: Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta y Tucumán. Ayer fue el salteño Gustavo Sáenz el que pasó por la Casa Rosada y antes que él fue el turno de Raúl Jalil, de Catamarca.
El Gobierno pretende desprenderse de la responsabilidad de ejecutar obras que aún no han sido avanzadas. En su mayoría se tratan de obras hídricas, rutas nacionales, puentes y diferentes refacciones infraestructurales a los cuales el Poder Ejecutivo ya les avisó a los gobernadores que no les dará prioridad.
Recibí al gobernador de Córdoba, @MartinLlaryora, para avanzar en el convenio que firmaremos en los próximos días para el traspaso del financiamiento y ejecución de obras públicas a la provincia. pic.twitter.com/HSXF1d8te8
— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) June 5, 2024
El lunes ya se habían firmado los primeros acuerdos entre Nación y otras tres provincias. También en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete y su flamante vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, recibieron a los jefes provinciales Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco); con quienes firmó diversos convenios para el traspaso de 80 obras públicas desde la Nación a las provincias.
"Para el Gobierno, la autonomía y responsabilidad de los estados provinciales son aspectos centrales. Se trata de un compromiso de campaña asumido por el presidente Javier Milei, que venimos conversando con mandatarios provinciales en los últimos meses", detalló Francos luego de ese encuentro, en el que participaron el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine; el secretario de Provincias y Municipios, Javier Milano y el titular del ENOHSA, Bartolomé Heredia.
¿Qué implica el traslado? Básicamente, cada provincia se compromete a asumir la financiación o ejecución de las obras detalladas en el acuerdo. Entre aquellas que se transfirieron, se destaca la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), terminación de hospitales, obras hídricas, de saneamiento y mejoramiento urbano, rutas y caminos, entre otras.
Las únicas obras que seguirán teniendo algún tipo de intervención del Gobierno son aquellas que habían tenido financiamiento internacional previo, que deben pasar primero por Nación y después transferirse ese dinero a los distritos subnacionales.
Desde Jefatura de Gabinete remarcaron que los convenios de traspaso se dan ante una situación de emergencia pública y fiscal. "Desde el marco político, este Gobierno considera que no tiene por qué subsidiar obras que pueden ser hechas tranquilamente por las propias provincias", dicen desde Interior.
Tal y cómo lo publicó El Cronista, hay otro número de proyectos que, por el contrario, sí están en estudio para ser ejecutadas por Nación. Son un total de 865 obras. Estas comprenden, por ejemplo, rutas que abarquen dos o más provincias en su traza, puentes y cloacas que tengan un mínimo de avance de entre el 40% y el 50%.
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