Escala la tensión judicial en la interna del PJ: la dura acusación contra Cristina

Después de un fin de semana de alta intensidad y cuando aún no se sabe a ciencia cierta cuál será el futuro de la interna del Justicialismo, el lunes sirvió para confirmar que la Justicia Electoral será convocada a dirimir la oficialización de las listas habilitadas para competir por la conducción del PJ. 

En los últimos días, la junta electoral peronista había rechazado la presentación de la lista "Federales. Un grito de Corazón" que encabeza Ricardo Quintela y, tal como había adelantado El Cronista, esa decisión sería apelada en el juzgado competente en cuestiones electorales.

Entre otros puntos, el escrito que ya fue presentado ante la Junta y que llegará a tribunales en las próximas horas denuncia el "accionar parcializado de la Junta" y acusa a sus integrantes de impedir "fiscalizar y verificar planillas supuestamente observadas y paralelamente, controlar la documentación de la Lista "PRIMERO LA PATRIA", cuya exhibición nos fue negada".

"Desde el momento en que se manifestó la intención de la compañera Cristina Fernández de Kirchner de competir, se notó una actitud abiertamente hostil desde organismos del Partido Justicialista para con las pretensiones electorales de la lista que representamos", señala el escrito judicial. 

 Visita a la Casa Rosada

Por otra parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió a Jorge Yoma, histórico dirigente del peronismo riojano y uno de los principales armadores de la candidatura del gobernador Ricardo Quintela para competir con Cristina Fernández de Kirchner para conducir al PJ.

El ministro coordinador de Javier Milei tiene una relación de larga data con quien fuera un hombre de confianza de Carlos Saúl Menem. "Son viejos conocidos", fue la primera reacción de los cercanos al jefe de Gabinete luego de que se viera a Yoma transitar el Salón de los Bustos rumbo a las oficinas que ocupa Francos. 

Sin embargo, desde ambos lados del escritorio desmintieron que se tratara de un encuentro que tuviera algo que ver con la elección interna del peronismo: "No hablaron del Pj, son viejos conocidos y hablaron de temas de La Rioja. De deuda", señalaron desde Casa de Gobierno. 

El motivo, efectivamente fue otro: "Fue por la deuda que la Nación tiene con la provincia, no tienen  nada que ver con la interna. Coincide que Yoma es apoderado de la Lista de Quintela y es abogado del Estado Riojano, pero estaba programada de hace rato". 

Se trata una demanda que la provincia presentó ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar el pago de fondos coparticipables adeudados de 2023 y 2024

El reclamo es por $ 9.300.000.000 "debidamente actualizado por el Índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2023 y por $47.000.000.000 del 2024.

El escrito, que lleva la firma de Quintela, Yoma y del abogado constitucionalista Alejandro Gil Domínguez señala que el 27 de diciembre de 2023, el gobernador "promovió ante el Señor Jefe de Gabinete de Ministros Ingeniero Nicolás José Posse el respectivo reclamo por la suma adeudada".

 "Uno de los principales fundamentos consistió en resaltar que dicho aporte 'tiene como objeto cubrir razonablemente el financiamiento imprescindible para el correcto funcionamiento de la Administración Pública y procurar la satisfacción de las necesidades primordiales de la población toda, más si tenemos en cuenta que la actual coyuntura económica-financiera que soporta el país, impide que sean atendidas por el Tesoro de la Provincia que se nutre casi exclusivamente de los fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos que resultan insuficientes", destaca la presentación.

Desde La Rioja señalan que "la situación descripta obligó a la Provincia de La Rioja a tener que sancionar la ley para emitir en formato físico o digital Bonos de Cancelación de Deudas (BOCADE, también conocidos como Chachos) hasta un monto de 22.500.000).

Además, sostienen que del intercambio de notas entre ambos gobiernos "se extrae como nítida conclusión que el Estado Nacional reconoce de forma implícita la indebida retención de fondos que pertenecen a la Provincia de La Rioja, y a la vez, manifiesta de forma expresa una tentativa inequívoca de utilizar dichos fondos a efectos de someter políticamente a la Provincia de La Rioja".

En la presentación ante la Corte, la provincia pide una audiencia de conciliación y una medida cautelar para que se constituya "el embargo preventivo de la suma de $9.300.000.000".