Jueces de la Corte: presentaron una cautelar para anular las designaciones de Lijo y García-Mansilla

Una serie de organizaciones no gubernamentales solicitó a la Justicia que anule las designaciones de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para sumarse como jueces de la Corte Suprema. 

Asimismo, las ONGs pidieron la inconstitucionalidad del decreto firmado por el presidente Javier Milei en el que los nombró por un año en comisión.

La acción de amparo fue firmada por la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Cautelar por la designación por decreto a la Corte: qué dice el documento

La demanda plantea que hubo "un apartamiento del procedimiento ordinario" previsto en la Constitución por "no acreditar una situación excepcional que impidiera la correcta administración de justicia".

Por lo tanto, pidieron declarar la inconstitucionalidad del Decreto 137/2025 y dejar sin efecto la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, reclamaron que "se suspenda la toma de juramento de Ariel Oscar Lijo y se impida que Manuel José García-Mansilla se aboque al estudio y decisión de todas las causas".

El decreto firmado por Milei, que regirá durante el año legislativo, invocó al artículo 99 (inciso 4) de la Constitución Nacional, el cual le permite al Ejecutivo hacer nombramientos transitorios "con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto". 

El jueves pasado, García-Mansilla juró como juez de la Corte, convirtiéndose en el cuarto integrante del tribunal. Falta aún que se oficialice la llegada del juez federal Lijo, quien transita por una situación más compleja que su compañero de nombramiento.

Y es que Lijo debe esperar que la Corte Suprema le otorgue la licencia extraordinaria para sus puestos en la Cámara Federal, en donde subroga tres juzgados federales diferentes.

Las ONG´s señalaron que el decreto pone en grave riesgo la independencia judicial por apartarse del procedimiento ordinario para la designación de los jueces. "No cabe duda alguna de que debe pesar sobre esta medida una fuerte presunción de inconstitucionalidad", completaron.