Inédita y grave: cómo ven la decisión de Alberto Fernández los especialistas

El Gobierno anunció este jueves que "no acataría" el fallo de la Corte Suprema que dispuso entregar a la Ciudad casi el 3% de los fondos nacionales coparticipables. Abroquelado con 14 gobernadores, Alberto Fernández anticipó que recusaría a los miembros del máximo tribunal y que presentaría el pedido de revocatoria "in extremis" de la resolución.

Distintos especialistas consultados por este medio coincidieron en señalar lo "inédita" de la decisión del Presidente, y agregaron que el fallo del máximo tribunal es constitucional aunque consideraron que se debería bajar el nivel de confrontación.

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"Alberto Fernández sería el primer presidente en no cumplir un fallo de la Corte, que es un poder del Estado", explicó el historiador y docente, Gustavo Riarte.

Y añadió: "El delito es el de sedición. Hubo gobernadores, en la era preconstitucional, que incurrieron en sedición, pero nunca un Presidente porque se exponía al juicio político".

Daniel Sabsay, por su parte, consideró que el fallo es absolutamente constitucional al contrario de lo expresado por el comunicado difundido por el Gobierno anoche que señaló que la sentencia es política y que pretende, de cara al año electoral, "sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA".

"Lo que se hizo en su momento, por decreto primero y luego por ley, fue una usurpación de los fondos correspondientes a la Ciudad, en el reparto primario. Esto es muy importante porque se trata de fondos de la Nación, no de las provincias, por lo que estas no se ven afectadas por esta sentencia", expresó el constitucionalista.

Para el constitucionalista, no había otro fallo posible. "La decisión del Gobierno era inconstitucional porque desconocía el carácter de entidad autónoma de la Ciudad desde la reforma constitucional de 1994. Por esa condición, cualquier decisión debía ser consensuada por ambas partes y no unilateral, como sucedió", precisó.

Andrés Gil Domínguez también calificó al fallo de constitucional, aunque aclaró que la cautelar no resuelve el fondo de la cuestión.

"La Ciudad de Buenos Aires es un sujeto de la estructura federal que está a la par de las provincias y tiene autonomía financiera. Por eso la repartición de los recursos coparticipables, vía el Estado, se tiene que hacer por medios de mecanismo de consenso y de acuerdo", precisó.

Pero, explicó: "La Corte Suprema dictó una medida cautelar, no el fondo de cuestión. El mismo es saber cuál es el porcentaje de coparticipación que le corresponde a la Ciudad. El Gobierno sostiene que es el 1,4% de los recursos coparticipables que le quedan después de hacer la repartición, mientras que la Ciudad afirma que es 3,5%.

Y continuó: "Se incluye en este concepto el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. La Corte estableció un 2,95%, pero no se aclara de dónde sale y cuáles son los fundamentos de cómo se arriba a ese porcentaje".

Gil Domínguez se mostró, de todos modos, crítico con la evolución del conflicto. "El Gobierno, la oposición y la Corte tienen que salir de esta adolescencia institucional, tener mayor responsabilidad en cumplir con los fallos de la Corte, que la oposición no diga que esto es un Golpe de Estado y que la Corte misma haga cumplir sus fallos en un marco de racionalidad", advirtió.

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"Ayer el Presidente de la Nación decidió no acatar un fallo de la Corte Suprema. Ese fallo, por unanimidad, ordena inmediatamente que la Nación restituya a la Ciudad el 2,95 de la coparticipación", dijo este viernes el jefe de Gobierno porteño.

Además, recordó que Alberto Fernández presentó una recusación contra los jueces de la Corte para que no participen en el proceso: "Esto no es contra la Ciudad, es quebrar el orden constitucional. El Presidente decidió violar, atentar contra el estado de derecho, contra la democracia".

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