Espinoza suma otra denuncia: ahora llamó a no pagar las boletas y Edenor lo lleva a la Justicia

El intendente de La Matanza tiene un nuevo dolor de cabeza judicial ya que, a las causas en las que se lo investiga por abuso sexual se sumó, en las últimas horas, una querella, que recayó en el juzgado federal número 2 a cargo de Sebastián Ramos, por alentar a los vecinos del distrito a no pagar sus boletas del servicio eléctrico valiéndose de una medida cautelar conseguida ante un juez que se declaró incompetente para resolver una causa.

Hace algunas semanas, Fernando Espinoza se había presentado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo nro. 1 de La Matanza junto a la Asociación Civil Defensa de Usuarios y Consumidores de Alberto Bussetti y consiguió una medida precautelar que ordena a las empresas distribuidoras o prestadoras de los servicios públicos a abstenerse de "llevar a cabo cortes, interrupción o suspensión del suministro del servicio con motivo de la falta de pago de las facturas".

El jefe Comunal dio a conocer la noticia y comunicó que "el amparo para proteger a las familias, parroquias, templos evangélicos, comercios, clubes de barrio, empresas, jubilados, trabajadores y profesionales de La Matanza, obtuvo el respaldo de la Justicia, que lo transformó en una medida cautelar".

La empresa prestadora del servicio eléctrico en ese distrito, EDENOR, presentó una denuncia contra el intendente por ser "partícipe necesario" de una maniobra de "prevaricato" que incluye al juez que dictó el amparo, Federico Gallo Quintán.

"Los hechos denunciados encontrarían prima facie adecuación típica en la figura de prevaricato, prevista y reprimida por el art. 269 del C.P. que sanciona con multa e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas", dice la denuncia.

Gallo Quintán se declaró incompetente para fallar sobre el fondo de la cuestión pero aceptó la cautelar solicitada: "Quien se puso de acuerdo con el magistrado a tal fin, suscitando la resolución, deberá responder como partícipe necesario", aclaran desde la empresa en referencia a Espinoza.

Desde EDENOR hablan de un "escándalo jurídico" ya que "un magistrado que expresamente se reconoce incompetente, dicta una medida cautelar violando las normas de atribución de competencia, pero además pronunciándose en supuestos fácticos absolutamente inexistentes, y en virtud de una presentación realizada por quien carece absolutamente de legitimación procesal", dice el escrito que analiza el juez federal Sebastián Ramos.

Para la prestadora de servicios, "existe una jurisprudencia uniforme rechazando la legitimación activa de personalidades como las de los Intendentes para planteos" como los servicios eléctricos.

"La medida dictada se aparta de la ley, pues el ordenamiento contencioso no prevé el dictado de medidas como la adoptada", dice la empresa y afirma que el "pedido es genérico" ya que refiere "a una situación hipotética, descripta en términos puramente teóricos".

"Basta con señalar que contrariamente a lo que asume el Juez, el ajuste tarifario no aumentó en absoluto los índices de morosidad. En lo que va del año la mora muestra una clara tendencia a la baja. El promedio mensual de clientes suspendidos por falta de pago en La Matanza es de 625 (promedio tomado anualmente), sobre el total de 538.000 usuarios del servicio de energía eléctrica en dicho partido", dice el escrito".

"Sencillo es concluir que el intendente de la Matanza, quien por el rol que ocupa, su experiencia, y por contar con el asesoramiento de cuerpos jurídicos, promovió una acción ante un juez que sabía incompetente -ni más ni menos que en la jurisdicción que gobierna-, tanto que no recurrió la declaración de incompetencia", dice la denuncia.