El Gobierno le propondrá a las provincias saldar deudas para acelerar el tratamiento del Presupuesto 2025
El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, anunció la creación del Régimen de Reparación Federal, un convenio propuesto por Nación para que se puedan simplificar los montos adeudados con las provincias y viceversa
El Gobierno publicará este viernes un decreto que creará el Régimen de Reparación Federal, un convenio propuesto por Nación para las provincias para simplificar las deudas que hay entre ambos y así clarificar el panorama contractual de cara a la negociación para el Presupuesto 2025.
"Con este borrón y cuenta nueva tengamos en claro las compensaciones entre la Nación y las provincias. Iniciamos desde el 10 de diciembre del año pasado un diálogo con las 24 jurisdicciones. Queremos iniciar una etapa federal en serio en la Argentina", declaró el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, quien comunicó la medida mediante una conferencia de prensa en la Casa Rosada este jueves por la tarde.
"El objetivo es caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo", añadió Catalán, ya que, según enfatizó, "uno de los pilares de nuestro Gobierno es el ordenamiento de la macroeconomía y el equilibrio fiscal".
El funcionario y mano derecha del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró que otros de los incentivos de la medida es que "las economías regionales empiecen a crear riqueza genuina no apalancado en herramientas de política económica que nada tiene que ver con el crecimiento económico real".
Catalán explicó que la Nación todavía está haciendo sus propios cálculos sobre el monto de las deudas. En ese marco, quienes tendrán el rol de negociar serán los diferentes ministros de Economía tanto del Estado Nacional como de las 24 jurisdicciones provinciales. El vicejefe de Gabinete mencionó a que, particularmente, la Secretaría de Hacienda será clave.
Tal y como había adelantado El Cronista días atrás, el Gobierno pone a disposición rutas e inmuebles estatales como forma de sanear las posibles deudas que Nación tenga con alguna provincia. Los gobernadores que decidan no suscribir al régimen seguirán con la misma relación con la Rosada.
Desde la Vicejefatura de Gabinete del Interior prefirieron no dar montos específicos de cuánto puede estar adeudando la Casa Rosada o de cuánto puede ser acreedor. Pero dijeron que la medida simplificará las negociaciones con las provincias para los próximos meses. Hay 13 provincias que desde hace meses que le piden al gobierno el saneamiento de las deudas por las cajas previsionales.
Desde un sector de los gobernadores aliados manifestaron señales ambiguas sobre la medida. "Hay que analizar el caso por caso. A varias provincias le quieren encajar millones de dólares del Club de Paris y no tienen ningún registro de esa deuda. En el neto no sé cómo saldremos", afirmaron.
Según dicen desde ese lado, podrían netear deudas cruzadas por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial o el Federal de Infraestructura Regional, entre otros. "En algunos casos es positivo para las provincias y en otros no. Hay que ser mesurados", agregaron.
Según describían desde la Jefatura de Gabinete, la medida era una extensión de lo que más temprano había comunicado el vocero presidencial, Manuel Adorni sobre el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, destinado para facilitar el saneamiento, de las cuentas provinciales y la CABA.
"Los distritos tendrán la posibilidad de incluir compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento, remisiones y toda otra operación que tenga como fin la cancelación de deudas, con créditos que tengan cada una de las jurisdicciones, con el Estado nacional", explicó.
Desde el gobierno informaron que las provincias tienen desde hoy 30 días hábiles administrativos para manifestar la adhesión a este nuevo Régimen. Además, por supuesto, tendrán que presentar la documentación que respalde la legitimidad de las obligaciones, que se proponen incluir en este régimen, así como los informes técnicos y jurídicos que van a tener que ser presentados - ante la autoridad de aplicación - en un máximo de 60 días hábiles administrativos, desde que se notifique la voluntad de adhesión, dentro de estos primeros 30 días hábiles administrativos.
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