Días de definición en el juicio por la expropiación de YPF: los pasos que faltan

La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) de intervenir en el caso y solicitar la anulación del fallo que condenó al país a pagar más de u$s 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012.

A esto se suma que en los próximos días, la magistrada deberá definir si ordena al Estado argentino a entregar sus acciones de la petrolera para cubrir la penalidad.

Anular el fallo

RA4ARG había pedido una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la estatización de la empresa, la suspensión de las actuaciones judiciales y la anulación del fallo.

La jueza desestimó el pedido, con el argumento que la solicitud llegó demasiado tarde, esto es, más de un año después de que se conociera la resolución, y que la organización no tenía un interés directo y claro en el caso.

El Estado argentino apoyó el pedido, representado por el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, quien reemplaza al procurador, Santiago María Castro Videla, quien se excusó por haber sido parte de la representación de Burford. 

Burford Capital, el mayor beneficado del caso, sostuvo que la solicitud no era pertinente. La jueza Preska respaldó la posición del fondo de inversión y rechazó la revisión del fallo.

Acciones

En los próximos días, la magistrada deberá definir si corresponde o no entregar las acciones que el Estado argentino tiene de la petrolera. Se trata del 51% de las mismas.

El pedido por las acciones se hizo a raíz de que el país no presentara garantías para ejecutar una vez resuelto el fallo.

Es por esto que el estudio Burford solicitó que se incluyeran las acciones de la empresa dentro de los activos que podía pedir que sean ejecutados. Cabe aclarar que Preska ordenó que el fallo contrario a Argentina, por el que se cobrarían más de u$s 16.000 millones (si se incluye la sentencia más los costos de defensa e intereses) al Estado, y no a la empresa.

La firma, que compró los derechos para litigar, solicitó que se incluyan estos activos en manos del Estado argentino.

Una salvedad es que la venta de las acciones de la empresa que están en manos del Estado debe pasar por el Congreso y las provincias.

La semana pasada, Argentina entregó, como parte del proceso de discovery solicitado en el juicio, la información sobre el paradero del oro que fue retirado de las reservas del Banco Central. Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en estos litigios, señaló que la información es confidencial y que solo se conocerá si los demandantes realizan un pedido sobre esos activos.

Apelación

Argentina apeló la sentencia en octubre de 2023 el fallo, aunque se terminó de presentar la documentación en septiembre de 2024.

Maril explicó en sus redes sociales que aún restan definir varias instancias, como por ejemplo si la jueza aceptará o no argumentos orales.

En la apelación anterior del mismo juicio, en 2016, el fallo final se conoció dos años después.

"La segunda apelación fue presentada hace 440 días. Aún no sabemos si va a haber Argumentos Orales", agregó Maril.

Otra instancia que resta por definirse es el pedido de información que realizaron los demandantes sobre las comunicaciones (incluidos emails y whatsapps) que incluyen al ministro de Economía, Luis Caputo, y al asesor presidencial, Santiago Caputo, así como información sobre distintas entidades argentinas que, sospechan, habrían funcionado como alter ego de la petrolera.

De no otorgarse los Argumentos Orales, la decisión se conocería en septiembre de este año, analizó Maril.