Problema para Caputo: otro fallo judicial complica sus planes para conseguir plata

Argentina recibió esta semana dos malas noticias en el frente judicial internacional. Primero, se ejecutó una garantía por más de u$s 300 millones en una causa en Reino Unido. Luego, un embargo de u$s 200 millones en Estados Unidos. 

La jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, aprobó este viernes el embargo de u$s 210 millones y congeló otros u$s 100 millones de Argentina. Según explicó el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, la decisión responde al colateral de los Bonos Brady. 

Cabe recordar que la semana pasada la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación de Argentina para evitar los embargos. 

Maril agregó que los u$s 100 millones que congeló Preska se mantendrán así hasta que dos grupos de acreedores de deuda en default (Attestor Master y Bainbridge Fund, terminen la disputa por esos fondos. 

El embargo se ejecutó sobre activos de Argentina en la Reserva Federal de Nueva York. 

Los demandantes en el juicio por los bonos conocidos como cupón PBI consiguieron la ejecución de una garantía por u$s 325 millones. Resta aún negociar los más de u$s 1.000 millones de la sentencia favorable a los tenedores de los títulos.

Los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald consiguieron este miércoles la ejecución de la garantía de u$s 325 millones por el juicio de los bonos que ajustaban en base al crecimiento del PBI.

El Tribunal de Apelaciones de Gran Bretaña aprobó la ejecución de la garantía que había sido depositada en marzo del año pasado.

Consultado por los efectos que puede tener sobre los otros juicios en curso, como el de YPF, el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, explicó a El Cronista que para un país como Argentina, que emite y reestructura deuda, que exista la posibilidad de un embargo "entorpece cualquier proceso que quiera llevar adelante".

Efecto en otras operaciones

Sobre el excedente que resta cobrar de la sentencia, el exprocurador sostuvo que se trata de un monto importante, a pesar de ser inferior a lo discutido en el marco del juicio por YPF (u$s 16.000 millones), que va a tener algún grado de dificultad en la ejecución por la cantidad de activos que el país tiene en el exterior, y señaló dos posibilidades.

"La garantía no es un embargo, es un activo que depositamos en caso de que ocurra lo que ocurrió, un fallo en contra del país en la Corte Suprema de Reino Unido", analizó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. El cobro de la sentencia no implica un efecto sobre las arcas del Banco Central ya que los fondos habían sido transferidos el año pasado.

Maril analizó que no ve un riesgo en la ejecución de la garantía, pero agregó que lo único que lo haría cambiar de respuesta es "sí en este mismo juicio, el Gobierno llega a un acuerdo con los acreedores y paga" el faltante.

El fallo adverso puede afectar a la Argentina frente a otras situaciones. "Una es ante una emisión de deuda o una reestructuración, que embarguen una cuenta que entorpezca la renegociación. El otro plano son las empresas en las que el Estado tiene participación, ya sea YPF, Aerolíneas, Enarsa, etc. Todo vínculo que tengan esas empresas en el exterior puede estar en riesgo y necesitan una planificación", explicó Saravia Frías.

El ministro de Economía Luis Caputo quiere engordar las reservas del Central a través de fondos frescos internacionales. Además del FMI, apunta a los mercados. Los especialistas advierten que estos fallos adversos pueden jugar en contra.

El juicio había iniciado por una demanda de los fondos que señalaban que el Gobierno argentino había modificado el cálculo del PBI para subestimar el crecimiento de la economía argentina.

Los títulos habían sido emitidos originalmente en 2005 y 2010, y se pagaban si el PBI crecía más del 3,3% anual. En 2013 se modificó el cálculo y arrojó que Argentina creció un 3,2%, por lo que no se realizó el pago.