El Gobierno quiere urbanizar 4000 villas: cuánto pondrá y quién estará a cargo

Con un presupuesto de más de $ 10.000 millones y la intención de dar respuesta habitacional en los sectores sociales más carenciados, el Ministerio de Desarrollo Social avanzó en el ambicioso plan para urbanizar más de 4.000 villas miseria en todo el país.

Según destacó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el Gobierno en diciembre se empezó con la urbanización de 46 barrios populares en el marco de un plan para urbanizar 400 barrios y asentamientos por año. Pero ahora ya se avanzó mucho más y en el gobierno aseguran que en los próximos meses este programa se acelerará significativamente en coincidencia con la campaña electoral.

El trabajo de Desarrollo Social se despliega desde la Secretaría de Integración Urbana que lidera la camporista Fernanda Miño. Y la estrategia de urbanizar y mejorar barrios carenciados se coordina desde Desarrollo Social con cada gobernador. El presupuesto de más de 10.000 millones de pesos hasta ahora irá creciendo en el tiempo ya que gran parte de esos fondos de la Secretaría provienen del impuesto País vinculado al dólar aunque también de la contribución del impuesto a las grandes fortunas.

Miño, que es una militante camporista del Frente Patria Grande y tiene como referente al piquetero Juan Grabois, ya firmó un acuerdo con más de 10 provincias para el desarrollo de los planes de urbanización. En el mapa del Registro Nacional de Barrios Populares las obras en marcha se concentran mayoritariamente en el conurbano bonaerense, en Rosario, Córdoba, Resistencia, San Miguel de Tucumán, Santa Fe, Mendoza y Néuquén.

Para llevar adelante este objetivo también se creó el Banco Nacional de Maquinarias y Herramientas para la economía social por 40 millones de pesos y la ejecución de los fondos del fideicomiso que provienen del 15% de lo recaudado del impuesto a las grandes fortunas va directamente para la construcción de viviendas o mejora de los barrios.

Según se desprende de las metas impuestas por la Secretaría de Urbanización, las obras a realizarse en los Barrios Populares deberán adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los vecinos y vecinas de los barrios. Esto le otorga un fuerte poder territorial a los movimientos sociales que llevan adelante la tarea en los barrios.

"Este conjunto de acciones tiene como meta el acceso a los servicios básicos, la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el tratamiento de los espacios públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad a los barrios, la conectividad y el saneamiento. Dichas acciones buscan ser integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad", sostiene el Ministerio de Desarrollo Social como ejes de trabajo para llevar adelante este plan.

El manejo de esta secretaría de urbanización de las villas fue eje de una dura disputa política el año pasado cuando María Eugenia Bielsa manejaba este espacio clave que ahora quedó en manos de Arroyo.