Nace una sociedad estatal para gestionar la obra vial y reducir el déficit fiscal

El Estado argentino tendrá una nueva empresa. Ayer se publicó el Decreto 794 que creó la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima (CVSA), una compañía en donde el Ministerio Transporte de la Nación posee el 51% del y la Dirección Nacional de Vialidad, el 49% restante.

Desde Vialidad Nacional aclararon que la intención de esta nueva sociedad estatal apunta a apurar el proceso para quitarle al empresario Cristóbal López la concesión de la Autopista Riccheri. "Como está cercana la rescisión del contrato, se crea la SA para que administre la autopista hasta que se relicite bajo el modelo de Participación Público Privada (PPP)".

La rescisión del contrato de concesión podría llegar antes de que termine octubre y el causal es la denuncia que Vialidad le hizo al Grupo Indalo por defraudación al fisco en donde señala que la empresa de López no giró al Estado una parte de la tarifa de peaje denominada Recurso de Afectación Específica (RAE) por lo que le generó una retención de fondos indebida de $ 700 millones.

Aunque en Transporte y Vialidad explican que esa será la función, también es cierto que ahora uno de los sectores más dinámicos de la obra pública sumará una nueva firma que por su carácter jurídico podrá tomar deuda en el mercado privado y desconsolidarse ese gasto del Presupuesto.

Según el estatuto social de la nueva empresa, la estatal podrá "ejecutar las políticas públicas en materia vial, prescritas en general o en particular por las autoridades competentes, en cuanto forme parte de su objeto social". Además, podrá proponer "modificaciones y ampliaciones" a la red de infraestructura vial. Además, le permite "constituir, modificar, transferir o extinguir toda clase de derechos reales, con los límites y alcances de la reglamentación".

Pero el punto más importante es que "podrá realizar operaciones financieras y bancarias con instituciones de crédito oficiales o privados, del país o del exterior".

De esta manera, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el titular de Vialidad, Javier Iguacel, tienen en sus manos una herramienta que les permitirá conseguir créditos en el sector financiero privado o público, y dejar de financiarse a través del Tesoro Nacional y, por ende, bajar nominalmente el déficit fiscal.

Esta pareciera ser la estrategia general de todas las dependencias que tienen bajo su órbita sociedades anónimas estatales.

Ese es status de YPF desde hace años. Y para el 2018 se le sumarán otras compañías, como Aysa, que buscará en el mercado financiero parte de los $ 30.000 millones que tiene presupuestado para el año que viene.

Desde el sindicato UPCN acusan que se trata de una "privatización encubierta", de Vialidad, mientras el Gobierno niega que tenga otro uso que no sea la Ricchieri. Sin embargo, tanto a privados como sindicatos no se les pasó por alto que el Art. 4 del decreto de creación establece que CVSA queda "exenta de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, ni las normas o principios de derecho administrativo". Esto significa que podrá agilizar los procesos licitatorios y saltearse la burocracia del Estado.