Dos de las últimas decisiones que adoptó la Casa Rosada en los últimos días, las nominaciones para cubrir las vacantes en la Corte Suprema y el aumento de las jubilaciones, llaman la atención por tener incorporada una dosis de pragmatismo político que parece dejar atrás esa apuesta al "todo o nada" que fue tan común en los primeros 100 días de Javier Milei.

La elección de los candidatos para el máximo tribunal fue una sorpresa, pero no total. En el triángulo de poder que rodea al Presidente ya figuraba esta hipótesis, generada a partir de visitas reservadas a la Quinta de Olivos de Ricardo Lorenzetti, juez supremo que supo ocupar la presidencia de la Corte y al que no le desagradaría volver a comandar el tribunal.

La postulación del juez federal Ariel Lijo fue leída como un gesto para la política, ya que se trata de un magistrado que desarrolló vínculos todos los sectores, incluido el kirchnerismo. Si Milei quiere completar la composición del tribunal, si o sí necesita sus votos.

Los duros cruces que protagonizaron funcionarios y dirigentes K por el Día de la Memoria hicieron pensar en que una negociación entre ambos sectores era inviable. Pero los libertarios ya están empezando a usar el poder con más soltura. Saben que después de una crítica puede venir una concesión y hasta incluso un acuerdo. Es parte del juego de la casta, que Milei dijo aborrecer pero no puede ignorar por completo.

Después de frustrantes idas y vueltas, como las que tuvieron eje en la denominada Ley Bases, los libertarios aceptaron que para ganar también hay que conceder: a las pocas horas de que se generalizara el reclamo de que una de las nominaciones a la Corte debería haber sido para una mujer, la Casa Rosada dejó entender que ya tenía una candidata alternativa: la entrerriana Susana Medina, expresidenta de la Asociación de Internacional de Mujeres Juezas y de buen vínculo con Karina Milei.

Con las jubilaciones, el Gobierno decidió enmendar sobre la marcha su anuncio de aplicar por decreto la nueva fórmula y otorgar un 12,5% extra a partir de abril. Avisó que hasta julio mantendrá el formato que se gestó en 2020 (aumento mitad por IPC y mitad por salarios) con ajustes de transición.

Lo que hizo el Gobierno fue transformar en abstracto el debate, aceptando el ajuste por inflación como única variante válida. Pero para evitar juicios contra la nueva versión, extendió la vieja otros tres meses y garantizó el pago mensual a partir de abril. Para completar, absorbió el costo del empalme. Lo que pondrá sobre la mesa es una variante que no recuperará la pérdida que causó la casta, pero si devolverá poder adquisitivo.